La promotora se enfrenta a delitos de estafa e insolvencia punible tras dejar sin viviendas a un gran número de compradores en Alicante.
14 jul 2011 . Actualizado a las 20:27 h.La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la causa penal contra los representantes legales de la promotora Riviera Coast Invest, que se enfrentan a los delitos de estafa e insolvencia punible tras dejar sin viviendas a un gran número de compradores de Alicante.
Según informó hoy el despacho IURE Abogados, los magistrados de la Audiencia Nacional han estimado los recursos de un grupo de afectados y han revocado el sobreseimiento provisional dictado el pasado mes de febrero por el titular del Juzgado de Instrucción Central número 1, Santiago Pedraz.
En el auto, fechado el pasado 8 de julio, la Sala de lo Penal considera que existen «indicios claros, concurrentes y bastantes» para seguir investigando a Roch Claude Tabaron, Francisco Fernández y José Antonio Quesada, que son los administradores de Riviera Coast Invest, declarada en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en 2008.
Los magistrados sostienen que los informes de situación patrimonial son «concluyentes sobre la existencia de claros indicios de la efectiva descapitalización y apropiación indebida de los fondos de la sociedad por parte de los socios».
El informe provisional de enero de 2009 ya reveló la salida de fondos hacia filiales o destinado a atender necesidades particulares de los socios por importe de 18,8 millones de euros, a lo que hay que sumar «gastos suntuarios y excesivos en la gestión ordinaria de la empresas», como 55.000 euros mensuales por el arrendamiento de la sede o el uso de vehículos de alta gama o de viviendas suntuarias.
«Mal casa apreciar que fue la crisis económica que sufre nuestro país desde 2008 la que determinó la falta de liquidez» de la empresa, señala el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Pedraz había justificado el sobreseimiento de la causa por considerar que las deudas con los afectados no implicaban «necesariamente un ilícito penal», ya que «fueron las circunstancias de la coyuntura económica las que han conducido a las empresas del grupo a una mala situación financiera, que las ha obligado a resolver los créditos en la vía civil mediante un concurso de acreedores».
El informe definitivo de la administración concursal de Riviera Coast Invest, fechado el 15 de julio de 2010, insiste en que la causa de la insolvencia fue la salida de fondos y sostiene que si se hubieran devuelto los 19 millones de euros sacados de la empresa, se hubiera reducido los perjuicios causados a los afectados «de forma cualitativamente significativa».
Según los administradores concursales, las deudas de la empresa ascendían cuando presentó concurso a 46,7 millones de euros, mientras que su patrimonio se valoraba en 57,6 millones.