El presidente de la Xunta fue el rimero en asegurar que la caja tendría un peso en el banco del 15 %. Será así, pero lo que se descuenta en medios financieros es que no valdrá el 15 %, sino menos. ¿Cómo es que la caja tendrá un peso del 15 % si su valor no alcanza ese porcentaje? La respuesta está relacionada con la negociación entre la Xunta y el Banco de España, en las que también participaron (indirectamente) miembros del Ejecutivo de Madrid, y que finalizó con el visto bueno de Feijoo a la constitución del banco. Esa aprobación estará vinculada con algún pacto entre las partes que hasta el momento se guarda en secreto, y que es probable que se dé a conocer una vez la caja, los inversores privados y el FROB realicen la valoración.
De los discursos del presidente de la Xunta, en los que insiste una y otra vez en que no se va a mantener al margen de desarrollo del proyecto, defendiendo los intereses de Galicia, se infiere que es probable que vuelva a haber fuertes tensiones políticas que intenten dejar sin valor una caja para evitar cualquier tipo de triunfalismo político. Sin embargo, estas intromisiones chocan de frente con los intereses generales de Galicia, en donde las cajas, al margen de sus equivocaciones en torno a salomónicas inversiones en edificios suntuosos, desarrollaron una importante labor sociocultural en un territorio formado por 315 municipios, con poco PIB y muchas necesidades.
La reestructuración del sistema financiero fue total. De 45 cajas, con un activo medio de 45.500 millones, se pasó a tener 15, de un tamaño de 85.500. Hubo siete fusiones, se crearon cinco sip (creación de un banco en el que las cajas depositan todo su negocio, perdiendo así contenido aunque sigan llamándose cajas) y dos adquisiciones. En total se crearon 14 bancos instrumentales, que en la mayoría de los casos necesitan capitalización.
Una de las primeras adjudicaciones fue la de Cajasur, concedida a la BBK. El FROB se la entregó explicando que consistió en solicitar, para una cartera predeterminada, lo que se denomina un esquema de protección de activos, es decir, el Estado se hará cargo de posibles agujeros por valor de casi 400 millones de euros. Otra operación fue la entrega a Cajastur de CCM, en la que no hubo aportación directa de recursos públicos sino a través del fondo de garantía de depósitos (se entregaron 1300 millones de euros). Ahora está pendiente la adjudicación de la CAM. En la subasta de la entidad de ahorros estarán como postores el banco Santander, La Caixa, BBVA y otra media docena de entidades.
El negocio se está repartiendo entre los más grandes y con mayor influencia en el sector. Incluso hay movimientos que son previsibles a largo plazo. Es el caso de las cajas catalanas, Catalunya Caixa y Unnim, que el FROB ya ha valorado en cero y el 10 %. Ha decidido desembarcar en ellas, pero pactando con la Generalitat desde los consejeros a su salida del capital y su posterior venta, que posiblemente se realice a uno de los grandes grupos financieros catalanes.