Desde hace algunos años, la UE y Noruega mantienen un fuerte rifirrafe con Islandia y las islas Feroe a cuenta de la caballa. Por más que Bruselas y Oslo quieren pactar un reparto justo del total admisible de capturas (TAC) y unas cuotas que permitan la pesca sostenible del recurso, los otros dos territorios nórdicos van por libre y se autoasignan el tope que, según apuntan, necesita su flota. Ni que decir tiene que esa postura ha desatado las iras de los pescadores gallegos, máxime cuando esa caballa que ellos se ven obligados a descartar se la encontraban en los mercados locales con sello islandés o feroés con la aquiescencia de Bruselas. Un consentimiento solo aparente, pues estaba disfrazado con la lentitud burocrática habitual del Ejecutivo comunitario, que tardó tiempo en entornar la puerta a Islandia y Feroe con una ley que prohíbe las importaciones de pescado o de productos pesqueros procedentes de países que permitan la sobrepesca, como es el caso de los citados al permitir capturar recurso por encima de las recomendaciones de la organización regional que regula el caladero.
Si el Ejecutivo cerró la puerta, ayer el Parlamento Europeo le dio una vuelta a la llave. Los eurodiputados aprobaron por 659 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones el informe elaborado por el liberal irlandés Pat the Cope Gallagher que apoya las sanciones comerciales contra los países que pesquen de más allí donde opera la flota comunitaria. La vuelta definitiva al cerrojo se dará tras el procedimiento de codecisión.