La deuda de las familias beneficiadas por la ley de desahucio seguirá creciendo

El texto del Real Decreto-Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecados -publicado ayer en el BOE y que también entró en vigor con fecha de ayer- volvió a disparar las críticas de colectivos de afectados, jueces, abogados y partidos políticos. Las medidas, adelantadas el jueves tras el Consejo de Ministros, le parecen incluso tibias al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien desde Cádiz dijo que habrá que «ir más lejos en la negociación» con el PSOE.

La iniciativa fundamental del decreto -la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión- tiene «carácter excepcional y temporal», y en la misma exposición de motivos, se subraya que no altera «el procedimiento de ejecución hipotecaria», una de las principales reivindicaciones de los jueces, y sobre el que un reciente dictamen del Tribunal de la UE dice que provoca indefensión en los deudores.

Intereses de mora

No se recogen, no se tocan. Tanto los jueces como los abogados de los deudores inmersos en un procedimiento de ejecución han llamado la atención sobre el abuso que constituyen los intereses de mora y han pedido que se reconduzca este procedimiento a las normas generales de ejecución, donde pueden establecerse límites al incremento de la deuda. Hasta ahora, cada entidad financiera determina los que considera más convenientes. El decreto publicado ayer no hace referencia alguna a los intereses de mora. Por lo tanto, no se tocan. La deuda de las familias que puedan beneficiarse del decreto seguirá creciendo durante los dos años en los que el desalojo quedará paralizado. Transcurrido ese período, la deuda podría aumentar en un 25 % en algunos casos. Resultará más barato no seguir en la vivienda afectada y buscar otra en alquiler.

Acumulativos

Umbrales y renta muy restrictivos. La principal crítica al decreto es la misma que se le hizo en su momento al Código de Buenas Prácticas: que los umbrales de renta y los supuestos en los que las familias pueden acogerse a sus beneficios según sus condiciones socioeconómicas son demasiado restrictivos. Los 19.200 euros brutos de límite de ingreso dejan fuera a muchos afectados. Eva Corredoira, abogada de la PAH, señala además una nueva realidad social. «En muchas familias han vuelto a convivir padres, hijos y nietos. Y solo con la pensión del abuelo ya puede superarse el umbral de renta». Además, los letrados advierten que los requisitos son acumulativos. Esto es, no basta con estar dentro del umbral de renta, sino que deben darse más condiciones. Se establecen hasta siete categorías de familia (desde la numerosa hasta la que conviven dependientes o discapacitados) y se exige que concurran otros tres supuestos de «especial vulnerabilidad», entre ellos, que la cuota de la hipoteca sea superior a la mitad de los ingresos netos del hogar.

Decide la banca

Se acabaron las negociaciones. Corredoira señala otro efecto perverso de la nueva normativa. «Puede que estemos ante el final de las negociaciones entre el afectado y la entidad bancaria. Ahora las condiciones están tasadas». Es decir, las financieras pueden decidir que si el deudor no entra en los márgenes que establece el decreto, no tienen por qué alcanzar un acuerdo antes de llegar a solicitar el desalojo. Y no será el juez ni la entidad financiera quien deba solicitar la aplicación de la norma. Debe ser el deudor.

El plazo

Límite noviembre del 2014 para todos. El decreto determina la paralización de los lanzamientos en los casos que se cumplan las condiciones establecidas hasta noviembre del 2014. Ese será el período de gracia para todos los beneficiarios, independientemente de cuándo consigan acceder a la paralización. Además, lo que se detiene es la última fase del procedimiento, la del desalojo. Por eso la deuda sigue creciendo y el deudor pierde la propiedad de la vivienda afectada, que podrá ser subastada.

Ganar tiempo

Una brecha, la documentación exigida. La carga de la prueba recae sobre el deudor. Ha de ser este quien aporte la documentación que acredite que en su caso concurren las circunstancias exigidas. La norma establece que deben presentarse cinco documentos sobre los ingresos que percibe la unidad familiar, dos más sobre su composición y dos sobre la titularidad de los bienes, además de una «declaración responsable» del deudor. Un papeleo ingente, un gasto más para economías familiares muy precarias. Abogados y plataformas de afectados explican que el nivel de acceso a la justicia de los colectivos más afectados se verá de nuevo restringido. Pero en el volumen de información que se requiere al deudor ven también una oportunidad a través de la cual pueden dilatarse los procesos. Mientras el juez examine la documentación no se paralizará el procedimiento de ejecución y los afectados podrán ganar algo de tiempo.

Fondo de alquiler

Un mandato sin condiciones. El decreto recoge en su disposición adicional única el mandato al Gobierno para que «promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas [...] cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en el artículo 1». Esta es toda la retroactividad que contempla la norma según explicó el jueves la vicepresidenta del Gobierno. Quienes busquen acogerse a este fondo social deberán cumplir las condiciones de exclusión señaladas. El fondo de alquiler ve así muy limitado su ámbito. Además, no se concreta en el texto cómo se obligará a la banca a poner viviendas a disposición del fondo.

La estadística

De 4.000 a 15.000 desahucios de primera vivienda. De Guindos se escudó el jueves en la falta de estadísticas fiables para señalar el número de posibles beneficiarios del decreto. Ayer, Miguel Temboury, subsecretario de Economía, estimó que los desalojos sobre primera vivienda ejecutados desde el 2008 están entre los 4.000 y los 15.000. Lejos de las cifras del CGPJ, que incluyen locales, fincas y lanzamientos por impago del alquiler

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