Una vez conocidas las primeras intenciones de Bruselas, del FROB y del Banco de España -todo por boca de este último- la entidad evitó contestar a los planes de la institución dirigida por Luis María Linde.
Desde mediados de septiembre del 2011, el presidente de NCG, José María Castellano viene trabajando por la incorporación de inversores extranjeros al capital de la entidad, proceso que se vio frenado en tres ocasiones por las regulaciones realizadas por el Gobierno tras la imposición de la troika, que detectó que el agujero hallado en Bankia llevaba al traste al país.
El documento que aprobó Bruselas hace menos de 48 horas establece que «España comenzará a acercarse a potenciales compradores para NCG hacia finales de julio del 2015. Pondrá todo de su parte para la firma de una venta y un acuerdo de compra con un posible comprador no más tarde de finales de diciembre del 2016». Añade además, que «hacia septiembre del 2017, el administrador para la desinversión / venta propondrá el comprador seleccionado o comunicará la imposibilidad de vender esta unidad, incluso a un precio negativo».
En el mismo documento se dice que España está autorizada para rechazar al comprador propuesto por el administrador, y en caso de que no sea posible vender el banco, el Reino de España tiene que presentar un plan de resolución en el plazo de tres meses desde el anuncio del administrador. Lo que sería en diciembre del 2017.
Es decir hasta esa fecha se podría vender y, en el caso de que no se encuentre comprador, liquidar. Sin embargo, tras las declaraciones realizadas ayer por el portavoz del Banco de España, lo pactado se convierte en papel mojado, un papel que, es cierto, no incluye un plazo mínimo para poder llevar a cabo el proyecto de mantener a Galicia en el mapa financiero nacional.