La Fiscalía investigará si el Banco de España relajó la vigilancia sobre toda la banca
ECONOMÍA
El supervisor mostró su malestar por la filtración del informe de los inspectores
10 ene 2013 . Actualizado a las 12:20 h.Si era cierto lo de que el Banco de España miraba «para otro lado» ante indicios de delito en las entidades financieras, como aseguraba en un informe la Asociación de Inspectores del organismo, a partir de ahora se acabará. Y es que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció ayer que pedirá al Banco de España dicha documentación para investigar si tales situaciones se produjeron y, en caso afirmativo, «actuar en consecuencia».
«Lo único que me preocupa es, si ha existido un delito, tener los elementos suficientes para perseguirlo. Hay que saber si alguien ha vulnerado la legalidad con trascendencia penal y por eso solicitaremos los informes», dijo Torres-Dulce en Toledo, en alusión al informe de los inspectores.
El documento ha levantado ampollas en el supervisor, que a última hora de la noche del martes contraatacó emitiendo un comunicado en el que lamentaba «profundamente la difusión de alguna de las afirmaciones», de las que criticaba su «vaguedad y naturaleza» y el hecho de que puedan «poner en entredicho» la tarea supervisora del Banco de España, «que se ha caracterizado siempre por tratar de cumplir con los mejores estándares internacionales de rigor, independencia y calidad técnica, en un momento particularmente delicado en relación con la puesta en marcha de la supervisión única europea».
Asimismo, la comisión ejecutiva del Banco de España reafirmaba también su «total y absoluta colaboración» con los tribunales y la Fiscalía para «perseguir posibles conductas delictivas en el ámbito de sus competencias».
La institución, en entredicho
Precisamente para «corroborar» la polémica información publicada, que denunciaba no solo la no persecución de conductas «que pudieran ser delictivas», sino también presiones del poder político y financiero y laxitud en la persecución de «remuneraciones estratosféricas» -muchas de ellas ahora en los tribunales-, Torres-Dulce avanzó que pedirá al supervisor el citado documento del colectivo de inspectores.
El fiscal general subrayó que las acusaciones que en él se formulan «afectan de forma grave a la credibilidad de las instituciones», lo que justifica su investigación, subrayando, no obstante, que las prácticas a las que aluden los inspectores pudieran ser «solo conductas reprobables, pero sin incidencia en el Código Penal».
De hecho, en su controvertido informe los inspectores proponían, entre otras cosas, recibir formación específica en materia penal y constituir un grupo especializado en investigación de delitos, ya que admitían que «por la dificultad de probar conductas complejas no se trabaja activamente en la persecución del delito».