El expresidente de Barreras dispone de cinco días para comparecer ante el juez
ECONOMÍA
La petición de culpabilidad se suma a la presentada por Fernández Tapias
23 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El presidente y principal accionista de Barreras, José García Costas, optó ayer por el silencio tras conocerse el informe del fiscal que señala la existencia de culpables en la entrada en concurso de acreedores del astillero en julio del 2011. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo, José María Blanco Saralegui, ha emplazado a José Francisco González Viñas, expresidente de la empresa, y a Fernando Vilariño, ex director económico, a comparecer en el plazo de cinco días. De no hacerlo, «se les declarará en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin volver a citarlos».
La petición de culpabilidad formulada por Juan Horro, fiscal jefe del área de Vigo, se suma a la presentada en su día por Fernando Fernández Tapias, presidente de la naviera del mismo nombre, que acusa al astillero de «actuar de mala fe» por no advertirle de la mala situación financiera en la que se encontraba cuando apenas un mes y medio antes de entrar en suspensión de pagos anticipó 1,5 millones de euros para la construcción de un buque de apoyo a plataformas petrolíferas que nunca llegó a realizarse. Argumenta el naviero la existencia de singulares «depósitos» o «fianzas» a modo de garantía de jubilación de ciertos directivos, que tilda de «disposición fraudulenta de bienes de la sociedad».
Fernández Tapias es uno de los más de 300 acreedores que optaron por evitar la quiebra de Barreras aceptando una quita del 80 % de la deuda. La práctica totalidad son empresas auxiliares que, según algunas fuentes, «se han quedado con las ganas de pedir culpables, pero no lo han hecho conscientes de que cuando el astillero recupere la actividad, también ellas lo harán». Lo que no se entiende, afirman las mismas fuentes, es la postura de los administradores concursales, que emitieron un informe señalando que el concurso fue fortuito. «¿Cómo se pudieron poner por escrito cosas tan graves para luego decir que no pasó nada?», se preguntan. El fiscal basa en gran parte su petición de culpas en el informe de los tres administradores -solo dos lo firmaron-, del que se desprende que la contabilidad presentaba «serias irregularidades», entre otras, «saldos deudores inexistentes».