El ex gobernador se lava las manos sobre las preferentes y señala a la Xunta como responsable de controlar las indemnizaciones millonarias
22 jul 2013 . Actualizado a las 23:23 h.Era el testimonio que faltaba por incorporar a la comisión de investigación de las cajas gallegas, y el Parlamento de Galicia ya ha podido incorporarlo. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como MAFO (sus siglas), gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, ha respondido al cuestionario remitido por O Hórreo, un escrito de 40 páginas en el que dice, entre otras cosas, que Caixa Galicia y Caixanova presentaban «deficiencias muy parecidas» que hacían inviable su continuidad en solitario.
Ordóñez, en todo caso, señala a la primera como una entidad en peor situación por su elevada exposición inmobiliaria, su bajo ratio de solvencia o su dependencia de la financiación mayorista. Recuerda, al margen de inspecciones rutinarias, que a Caixa Galicia se le hicieron cuatro análisis extraordinarios, entre 2003 y 2009, y que en el 2007 se le pidió expresamente al equipo de José Luis Méndez que «moderara el crecimiento del riesgo crediticio hasta que mejorara sus controles internos».
De Caixanova las palabras son algo mejores, pero no menos preocupantes. Dice Ordóñez que su solvencia «estaba excesivamente apoyada en participaciones preferentes y deuda subordinada», y tenía un ratio de capital entre los más bajos del sector. También recuerda que los resultados (beneficios) de la entidad que tutelaba Julio Fernández Gayoso «descansaban en operaciones no recurrentes». Es decir, solventaba sus cuentas gracias a resultados no financieros (R, Unión Fenosa...).
El ex gobernador explica en varios momentos que el Banco de España se oponía a la fusión de las cajas gallegas, y que así se lo trasladó al presidente de la Xunta, pero que este «bloqueó» esa decisión para ir a una unión gallega. Finalmente, justifica, para evitar «su intervención», se optó por permitir la alianza de Caixa Galicia y Caixanova, exigiendo «unos condicionantes que, por cierto, se cumplieron muy parcialmente».
Ordóñez, cuyo papel ha sido muy cuestionado en ámbitos económicos y políticos, echa balones fuera cuando se le interroga sobre la colocación de preferentes (se limita a señalar los condicionantes técnicos de la operación, obviando la venta masiva a minoristas) y achaca a la Xunta la capacidad de control de las indemnizaciones millonarias. Dice que el control de esos sueldos era competencia de la comunidad autónoma, que tenía representantes en el consejo de administración (aunque no era así en las cajas gallegas, donde la Xunta no tenía ningún representante) y en la comisión de control (había un representante del Gobierno gallego, con voz, pero sin voto).