La ministra de Empleo plantea que su revalorización no se base únicamente en la inflación y establece un techo máximo que será del IPC más el 0,25 %
03 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha propuesto hoy a los agentes sociales que el nuevo sistema de revalorización de las pensiones no se base únicamente en la evolución de la inflación, sino también en los ingresos y gastos del sistema, así como en su situación de déficit o superávit.
Tras reunirse con patronal y sindicatos, la ministra ha explicado que el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones -que espera consensuar con los agentes sociales y con los grupos en el Pacto de Toledo- entrará en vigor en el 2014 y establecerá un suelo que evite la bajada o congelación de las pensiones, que será del 0,25 %. De la misma manera, se establecerá un techo máximo de subida que será del IPC más el 0,25 %. La fórmula, además, tendrá también en cuenta el «efecto sustitución», el número de pensionistas que entran en el sistema respecto a los que salen.
La ministra ha explicado que el nuevo indicador cumple con la recomendación segunda del Pacto de Toledo que solicita estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones.Según Báñez, la propuesta permitirá que ningún pensionista presente o futuro vea mermada su pensión por la aplicación de este índice y tenga siempre un incremento, «independientemente de la situación económica». En su opinión, esta fórmula dará «confianza, certidumbre y tranquilidad a los pensionistas y evitará adoptar medidas drásticas en los ciclos bajos.
Respecto a la revalorización de las pensiones este año, la ministra ha señalado que el IPC quedará en el 2013 entre el 0,8 % y el 1 %, situación que permitirá que el 70 % de los pensionistas a los que se les subió un 2 % la prestación a comienzos de año ganarán poder adquisitivo. En estas circunstancias, el resto de pensionistas, que cobran más de 1.000 euros y a los que se les incrementó la prestación un 1 % a comienzos de año, «no perderán poder adquisitivo».
Negociación compleja
Los representantes de los sindicatos UGT y CCOO en materia de política de Seguridad Social, Carlos Bravo y Carmen López, prevén que la negociación de la reforma de las pensiones será «compleja y difícil» y advierten de que la propuesta del Gobierno supone una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha indicado que incluso podría haber una «bajada de las pensiones» y ha criticado las «prisas» del Ejecutivo por reformar el sistema de pensiones cuando lo que hace falta es una mejora del mercado de trabajo. Por suyparte, el secretario confederal de Protección Social y de Políticas Públicas, Carlos Bravo, ha advertido de que aunque están abiertos a la negociación, ésta «no será fácil» y ha insistido en que «no es imprescindible» abordar ahora la reforma de las pensiones. Bravo ha mostrado además el temor de que esta nueva reforma sólo persiga utilizar el sistema de pensiones para controlar el déficit público mediante ajustes presupuestarios.
Por su parte, la patronal ha reclamado hoy al Gobierno que la reforma se haga con el consenso de los interlocutores sociales, algo que cree que dará a la reforma un «valor añadido en estos tiempos de crisis». «Queremos que se siga manteniendo un sistema de pensiones público y que se sigan pagando pensiones, y por eso vamos a continuar trabajando», ha afirmado Teresa Díaz de Terán, la representante de CEPYME. Sobre las propuesta formuladas por la ministra de Empleo, la patronal ha dicho que no se pronunciará hasta que se vayan concretando más.
Se pospone el factor de sostenibilidad
En cuanto al factor para vincular las pensiones a la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, el Gobierno aplaza hasta el año 2019 su entrada en vigor, lo que le da más plazo para intentar llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo.
La ministra Báñez ha asegurado que en ningún caso conllevará cambios en la edad de jubilación o modificaciones en los derechos adquiridos por los pensionistas. «Sólo introduce por primera vez un índice objetivo y previsible que resguarda la sostenibilidad del sistema y libra de las decisiones políticas a las pensiones de mañana, evitando adoptar medidas drásticas ante los periodos de recesión», ha dicho.
Preguntada por el motivo que ha llevado al Ejecutivo a aplazar hasta 2019 su entrada en vigor a pesar de que el comité de expertos recomendaba aplicarlo desde ya, Báñez ha argumentado razones económicas, ya que el fondo de reserva da cierto margen pero hace «razonable» ir pensando en soluciones ahora; y también razones sociales, ya que se debe dar tiempo a los ciudadanos para conocer el sistema y «poder tomar decisiones anticipándose» a su jubilación, incluyendo por ejemplo el «compatibilizar una temporada empleo y pensión» para mejorar la cuantía a ganar de jubilado.