Investiga los blindajes de toda la cúpula de Catalunya Caixa
06 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La alta dirección del maltrecho sector financiero del Estado, sujeto a una profunda reconversión, se ha convertido en una fuente inagotable de escándalos que salpica a todas las comunidades del Estado en plena crisis. La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha denunciado al expresidente de Caixa Catalunya, el exministro socialista Narcís Serra, al ex director general Adolfo Todó y a otros 52 miembros que formaban parte del consejo de la entidad en el 2010 por «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia».
Los hechos objeto de denuncia por parte del fiscal, Fernando Maldonado, coinciden con el momento de la fusión entre las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa. Los acuerdos constan en las actas del 19 de enero del 2010 y del 13 de octubre del 2010, cuando se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer una «administración desleal», tal y como estima el fiscal en el escrito de denuncia.
Al igual que sucedió en Galicia, el Parlamento catalán impulsó el pasado mes de julio una comisión de investigación para esclarecer los hechos y dirimir las responsabilidades de los directivos que tuvo la entidad desde los ochenta, pero ninguno de los comparecientes, entre los que están los que denuncia el fiscal, asumió culpa alguna en el colapso de una entidad ahora nacionalizada, en manos ahora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que ha recibido 12.000 millones de inyección. Mientras Caixa Catalunya afronta el despido de más de 2.500 empleados, el fiscal pide la imputación de los dirigentes por «retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis », sostiene el escrito del ministerio público.
El fiscal cree que Serra y Todó son los principales beneficiados de las presuntas irregularidades, que abusaron de sus cargos y «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencias públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera», dice el escrito.
A juicio del fiscal, ello denota un reprochable y «espurio» manejo de los fondos de una entidad «cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de altos directivos».
En una situación económica crítica, a principios del 2008 Serra acordó la contratación de Todó como director general y de Jaume Massana como director general adjunto, cuyos sueldos no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011. Todó cobró en estos años 4,07 millones de euros y Massana 2,89 millones, en ambos casos sumando retribución fija y variable, a lo hay que añadir dietas por ir a las reuniones del consejo.