El cálculo que vincula las prestaciones a la esperanza de vida se retrasa hasta el 2019
14 sep 2013 . Actualizado a las 06:00 h.Empujado por las constantes recomendaciones de Bruselas y por el dictamen del comité de expertos, el Gobierno ha arrancado oficialmente con la que es la madre de todas las reformas. Modificar el sistema de pensiones en un país envejecido y en el que la proporción actual de cotizantes y jubilados está cada vez más desequilibrada por el paro y la emigración. El Ejecutivo de Rajoy dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para su dictamen, y cuya novedad más inmediata es que la actualización de las pensiones dejará de estar exclusivamente vinculada a la inflación.
El nuevo índice de revalorización de las prestaciones, que empezará a aplicarse el año que viene, tendrá en cuenta tres variables: el IPC, los ingresos y gastos del sistema cada año y los déficits o superávits en que incurra la Seguridad Social, tomando como referencia las medias de 11 ejercicios con el objetivo de modular los datos.
Se fija además un suelo y un techo. Por abajo, el 0,25 % y por arriba el 0,25 % más el IPC. Esto quiere decir que las pensiones no podrán subir ni bajar por encima de esos límites.
«Es la reforma social más importante aprobada por el Gobierno para garantizar el sistema: dará confianza y tranquilidad; tengan por seguro que los jóvenes de hoy serán los pensionistas del mañana», sostuvo ayer Fátima Báñez al término del Consejo de Ministros.
Otro de los pilares de la reforma, y no menos controvertido que el anterior, es el llamado factor de sostenibilidad, cuya aplicación se retrasa, al menos, hasta el 2019. Se trata del mecanismo que se utilizará para calcular la prestación de futuros jubilados y que ligará las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, los salarios y los ingresos del sistema. Conllevará, sin duda, un recorte en las prestaciones futuras y su revisión se hará cada cinco años.
Esta reforma coincidiría, de lleno, con las tesis de Bruselas, que entiende que el desequilibrio del sistema viene determinado por una cuestión demográfica, sin atender que las cuentas pueden mejorar por otras variables, como es la reducción del nivel de paro y, en consecuencia, el incremento de los cotizantes. O incluso la mejora de flujos de inmigrantes, ahora detenidos a consecuencia de la crisis.
Modificaciones
La aprobación del anteproyecto de ley que reformará las pensiones se produce sin que el Gobierno haya alcanzado ningún pacto con la oposición ni con los sindicatos, muy críticos hasta ahora con la filosofía de los cambios. Pese a dar luz verde a la norma, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que es «voluntad del Gobierno escuchar y tomar en consideración todas las aportaciones», lo que abre la puerta a cambios en la fase de tramitación. Sin embargo, nada hace presagiar que alteren los pilares de una reforma que, en principio, parece abocar a las jubilaciones a una devaluación progresiva. Mientras el principal partido de la oposición reclama un gran pacto de Estado por la trascendencia social que implica cualquier modificación, el Gobierno, escuchado el dictamen del comité de expertos, se apresura con los cambios como desea Bruselas.