El BNG rechaza este proyecto de ley que buscaba únicamente la «bancarización de las cajas» y, ahora, su «venta a precio de saldo»
17 oct 2013 . Actualizado a las 10:21 h.El Pleno del Congreso debatirá y rechazará hoy, gracias a la mayoría absoluta del PP, las enmiendas de totalidad presentadas por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, el BNG y Amaiur contra el proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, último paso del proceso de reestructuración del sector financiero.
La norma obliga a las antiguas cajas a reducir su participación en los bancos a los que han dado lugar y a constituirse en fundaciones bancarias con el objetivo de separar los organigramas directivos de ambas instituciones. En este sentido, los patronos de la Fundación no podrán sentarse en el consejo de administración del banco, una previsión que no gusta a los partidos nacionalistas.
Además, se establece que las cajas no podrán dedicarse a otras actividades financieras complejas, que han de centrarse en clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas y que su ámbito de actuación no podrá exceder el de una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes. Tampoco podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de la región en la que operen.
Invade competencias
El BNG rechaza este proyecto de ley como ya rechazó todo un proceso de reestructuración financiera que buscaba únicamente la «bancarización de las cajas» y, ahora, su «venta a precio de saldo», provocando a su entender una «concentración financiera» que desvinculará a las entidades de sus territorios de origen, llevando así a la «desaparición de entidades sistémicas para naciones del Estado».
Además, reprocha que se vuelven a invadir competencias de las comunidades autónomas, que hasta ahora tenían la capacidad regulatoria sobre las cajas de ahorros, «consolidando un mapa financiero centralizado» a partir de condiciones homogéneas que no tienen en cuenta las particularidades y necesidades de los territorios periféricos.
Los nacionalistas gallegos critican que, con esos objetivos, el Gobierno usa afirmaciones «infundadas» como que fue el tamaño de las cajas lo que provocó la crisis en lugar de la forma de gestión y el modelo de expansión. Y ha avisado de que este proyecto de ley «no contribuirá de forma determinante a evitar nuevas crisis» ya que no se abandona el «paradigma de la desregulación». En la misma línea, critican también los artículos relativos a las fundaciones ni a la obra social, a la que no se dan garantías de pervivencia.
Con respecto a Novagalicia Banco, el Bloque pide al Gobierno que revise «a fondo» el proceso de venta de la entidad «evaluando su futuro en solitario como entidad propia de Galicia, vital para el desarrollo de sus sectores productivos básicos».
No es garantía de futuro
En general, para los partidos enmendantes este proyecto de ley no garantiza que los problemas que han llevado a la crisis financiera no se vuelvan a repetir en el futuro. Así, IU-ICV-CHA argumenta en su enmienda que se «certifica el desmantelamiento de unas entidades centenarias» y el «tiro de gracia» para su obra social. «La ley supone aceptar que estas entidades han sido el principal problema para la estabilidad del sistema financiero y que, por tanto, la solución reside en reducirlas a una mínima expresión. Pero, en paralelo, se produce un proceso de concentración de capital financiero con la constitución de grupos bancarios privados de cada vez mayor dimensión, cuyo riesgo sistémico también es evidente y que sobreviven gracias al apoyo público», matiza, alertando de que será «imposible exigir un comportamiento prudente» a este «oligopolio».
Esto, unido a la «ausencia de una banca pública» irá según la Izquierda Plural en «perjuicio de la mayoría social» y constituirá una «irresponsabilidad» al suponer la renuncia a tener una «herramienta financiera eficaz para la recomposición del sistema financiero y para e incremento del crédito». «Hemos de tener presente que la banca no crea riqueza en sí misma y que el proceso de crecimiento basado en el ámbito financiero sin relación con la economía real está condenado a saltar de una burbuja a otra».
Por ello, y tras reconocer los «abusos y errores en la gestión de algunas cajas», la Izquierda Plural recuerda que «los problemas comenzaron cuando se bancarizaron» estas entidades, «imitando la operativa especulativa de la banca privada y abandonando su carácter social», y pide al Ejecutivo que no vuelva a entrar en esa dinámica con esta ley sino que, antes al contrario, haga «irreversible» la nacionalización de entidades, exija representatividad en los bancos que han recibido ayudas públicas, audite las cuentas de todas las entidades e incorpore la obra social a los servicios sociales de la Administración.
Es solo un «retoque»
Por su parte, UPyD rechaza un proyecto de ley que sólo «retoca» el modelo anterior con cambios «insuficientes», por lo que no acaba con el «riesgo de que vuelvan a reproducirse a largo plazo» los problemas en el sector financiero que se han manifestado con esta crisis.
En concreto, critica que los cambios en la estructura de gobierno corporativo son «claramente insuficientes» para evitar la politización de las entidades, y además no se extiende suficientemente la incompatibilidad de cargos, que se mantiene sólo mientras se ocupe un cargo y no tras dejarlo.
La formación magenta incluye asimismo algunas propuestas de mejora del proyecto de ley en ámbitos como la composición de la asamblea general, el consejo de administración o las retribuciones; y se queja de que se haya eliminado algunos «requisitos adecuados» recogidos en el anteproyecto de ley sobre las incompatibilidades, la honorabilidad, la profesionalidad o el buen gobierno.
Con respecto a las fundaciones bancarias, UPyD alerta de que obligar a la venta en un plazo concreto de las participaciones accionariales podría llevar a «precios de derribo» por lo que propone desvincular estas acciones de su poder político a partir de los diez años desde la entrada en vigor de la ley. Y menciona finalmente algunos asuntos que podrían haberse solucionado con este proyecto como la depuración de responsabilidades en la quiebra de las cajas, la recuperación del rescate bancario, las preferentes o la mejora de la inspección del Banco de España.
Esquerra Republicana de Catalunya también rechaza un proyecto de ley que parte del «diagnóstico erróneo» de que las cajas son las culpables de la crisis financiera, de tal manera que quienes a su entender sí se encuentran tras el 'crack' financiero --las entidades privadas--, «lejos de pagar han salido fortalecidos».
Para los independentistas catalanes, las medidas para atajar la crisis --incluyendo este proyecto de ley-- han sido «insuficientes» y «pueden provocar gravísimos problemas en el futuro», ya que han impulsado la «conformación de un poderoso oligopolio con ayudas públicas» que no cumplirá la función social que tenían las cajas.
Y ello pese a que el sector bancario «ha demostrado que la gestión en busca del máximo interés privado se acaba convirtiendo en el máximo desastre social». «Y una vez más, desde una visión nacionalista centralista, sin tener en cuenta el ámbito competencial de las comunidades autónomas sobre la materia», zanjan.
Amaiur, finalmente, rechaza el proyecto porque supone «la culminación del proceso de liquidación del modelo de entidad financiera de vocación y carácter social, próxima al interés de la ciudadanía y con sensibilidad a las necesidades y peculiaridades propias del territorio», y su sustitución por un «oligopolio» que perjudicará al interés general.