La demanda judicial interpuesta contra el anterior consejo de administración del Banco Pastor y concretamente el proceso abierto contra su presidente José María Arias y el que había sido consejero delegado, Jorge Gost, ha causado extrañeza. ¿Quién es el pequeño accionista que ha impulsado la querella? ¿Le interesa económicamente hacer uso de este derecho? Aunque los representantes del despacho jurídico-económico Frade Gobeo, con sede en Gerona, restan importancia al importe de la inversión realizada por su representado, lo cierto es que a simple vista pudiera tenerla.
El querellante es Manuel García Sánchez, según consta en la denuncia facilitada por el citado despacho profesional. Este inversor, en el 2010, compró 365 acciones de la entidad -consta así en la información judicial- por un total de 1.400 euros. El valor de la acción entre agosto del 2010 y mayo del 2011 cayó en 80 céntimos de euro, lo que significa que la merma económica se situaría en torno a los 300 euros, una cantidad que prácticamente habría recuperado con el ascenso que experimentó el precio de la acción en el momento en el que el Banco Popular lanzó la oferta pública de adquisición de acciones (opa) del Pastor. Algunos expertos consideran que si un inversor -sobre todo cuando se trata de pequeños accionistas- duda de su apuesta bursátil lo primero que ejecuta es una venta de acciones para deshacer posiciones. Pero la opción de García Sánchez no fue esa. Optó por contratar al despacho de abogados Legal Solution, aunque después se desplazó a Frade Gobeo.
Según lo conocido hasta el momento, tanto a través de la querella como de los abogados, todo el proceso de reclamación se inicia en el 2011, con una carta conminativa hacia la entidad financiera a la que se comunicó que o en 10 días se subsanaba la situación o se emprendían de manera inmediata acciones legales. El banco no contestó y fue entonces cuando el inversor presentó la querella.
De acuerdo con cálculos realizados por distintos expertos, el proceso llevado a cabo por Manuel García puede tener un coste superior a los 200.000 euros, cantidad en la que se incluirían los estudios económicos que sustentan la presentación de la querella contra el consejo de administración, a lo que hay que sumar el coste de las minutas de los abogados, sus desplazamientos desde Cataluña a Galicia y las costas judiciales.
El caso ya fue visto por la Audiencia Nacional, que se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña. El periplo judicial, iniciado en el 2011, puede prolongarse varios años más hasta que se alcance una decisión firme.
El proceso judicial abierto puede tener un coste de más de 200.000 euros