Diez días después de la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado, ayer se conocieron finalmente los cálculos que hace el Gobierno sobre el impacto económico de la tarifa plana en las cotizaciones sociales para las empresas que realicen nuevas contrataciones indefinidas antes de fin de año.
La memoria elaborada por el Ministerio de Empleo es parca en cifras, y se limita a señalar que, si la medida se aplicara solo en el 2014, aportaría tres décimas adicionales al PIB en cuatro años y aumentaría un 0,31 % el número de ocupados, que según la última EPA eran 16,7 millones, por lo que el incremento se traduciría en 52.000 empleos.
Como contrapartida, estiman que habrá otros 332.100 contratos (232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial) que se podrán acoger a este incentivo y que se habrían celebrado igual sin él, en los que el Estado verá reducida de forma sustancial la recaudación. Con todo, concluyen que el impacto presupuestario será «neutral», ya que prevén que la creación de empleo y la conversión de contratos temporales en indefinidos adelantará decisiones de consumo e inversión y que incluso las empresas podrían trasladar a sus precios los menores costes laborales.
En ese «potencial para generar un círculo virtuoso» que intuye en la medida, el departamento que dirige Fátima Báñez incluso aventura que servirá de estímulo «para el afloramiento de empleos sumergidos».