Juzgan a la cúpula de la aerolínea dos años después del cese de actividad
09 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Un viernes de enero del 2012 suspendió todos sus vuelos, lo que dejó en tierra a 22.000 pasajeros solo ese fin de semana. Ahora, dos años después de quebrar, la cúpula que dirigía la aerolínea Spanair se sienta desde ayer en el banquillo de un juzgado mercantil de Barcelona, acusada de haber agravado la insolvencia de la empresa retrasando la solicitud de quiebra.
La Fiscalía acusa al consejo de administración de Spanair de haber agrandado su deuda al retrasar durante cinco meses la petición del concurso de acreedores pese a saber que la compañía aérea era insolvente. Para sus miembros pide dos años de inhabilitación y el pago de los 72 millones de euros en los que creció esa deuda.
La compañía pidió el concurso voluntario de acreedores tres días después de dejar de volar. El entonces presidente de la compañía, Ferrán Soriano, negó las acusaciones lanzadas por el fiscal, pero admitió que en mayo del 2011 se había planteado ya la posibilidad de solicitar la quiebra, pero no se hizo por el compromiso de financiación del Gobierno catalán. «La Administración pública financiaba este negocio porque era de interés estratégico», dijo Soriano. El Gobierno catalán «se comprometió a financiar a la compañía hasta el momento del cierre», subrayó.
Sin embargo, en enero del 2012 «se nos dice que no van a financiarnos más, y como nos dicen eso, convocamos el concurso. No se hizo antes porque había financiación», explicó el ahora director ejecutivo del club de fútbol Manchester City.
También testificó en el juicio el ex miembro del consejo de Spanair Josep María Benet, quien aseguró que habría sido «una irresponsabilidad» cerrar la aerolínea en el verano del 2011, pues «empezaba a ganar dinero» y el Gobierno catalán había prometido financiación. También declaró como testigo el que era secretario de Economía y Finanzas, Albert Carreras, quien explicó que las ayudas públicas a Spanair se mantuvieron hasta que estuvieron «convencidos de que financiarla un día más sería desperdiciarlas». Fue cuando Catar Airways rompió las negociaciones a finales del 2011 para la adquisición de la aerolínea.
Un escrito del consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que el juez leyó en el juicio, apuntó en la misma línea: «Cuando se rompieron las negociaciones el concurso de acreedores era inevitable». También justificó el apoyo económico concedido a Spanair porque el proyecto de un hub tenía visos «de materializarse» y porque la Generalitat apostaba por la viabilidad de la empresa para ayudarle a buscar un socio de referencia con dos objetivos: salvar a la compañía y a los más de sus 4.000 trabajadores.
El juicio continuará hoy con la ratificación pericial de los informes y está previsto que concluya mañana jueves.
Spanair tenía 29 aviones y operaba unos 200 vuelos diarios. Su plantilla era de unos 2.000 empleados e indirectamente daba trabajo a otro millar de personas.