La oposición exige que se rectifique la medida contra la prejubilación a los 61

Si al hacerlo coincidir en verano el Ministerio de Empleo trataba de que pasara desapercibido el cambio de criterio que impide desde junio jubilarse anticipadamente -a los 61 años- a los parados que perdieron su empleo antes de abril del 2013, con más de 55 años ya y luego cotizantes de la Seguridad Social a través de un convenio especial, pues ese intento ha fracasado estrepitosamente. Una semana después de que estallara el escándalo, gracias a la actividad desplegada por un grupo de afectados en las redes sociales, la oposición reclama la comparecencia de la ministra Fátima Báñez y de su segundo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en el Congreso.

Piden que den explicaciones sobre lo que está ocurriendo, igual que los sindicatos CC.OO. y UGT también solicitaron lo propio a finales del mes pasado al secretario de Estado, sin que hayan recibido respuesta alguna.

Oscurantismo y marcha atrás

PSOE, BNG, CiU y el Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) desplegaron ayer la ofensiva parlamentaria a través de proposiciones de ley, interpelaciones y peticiones de comparecencia. Consideran no solo inadmisible el oscurantismo con el que se está gestionando desde Empleo un tema tan sensible y que afecta de lleno a un colectivo desprotegido -desempleados mayores de 55 años, de larga duración y que no han vuelto a trabajar-, sino que exigen que el ministerio dé marcha atrás.

Desde el PSOE, la portavoz de Seguridad Social en el Congreso, la gallega (aunque asentada en Cataluña) Isabel López i Chamosa, afirmó en declaraciones a Europa Press, que «la única solución» al problema que se ha generado, y que según el ministerio afectaría a unas 35.000 personas (a razón de 7.000 por año hasta el 2019), es «dejar que la gente que quiera se pueda jubilar a los 61 años tal y como les corresponde».

Esto es lo que el INSS autorizó en el último año y medio a quienes cumplían los requisitos establecidos en el convenio especial, que excluye, por ejemplo, a quienes hubieran vuelto a trabajar o hubieran sido despedidos en un ERE en lugar de individualmente. Hasta que a mediados de junio, sin modificación normativa alguna y solo en virtud de un cambio de criterio de la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social, modificó la interpretación y se acabaron las jubilaciones a los 61. Ahora, a los 63 como mínimo, ya que se les aplica la última reforma, que retrasó dos años el acceso al retiro anticipado que, sin embargo, sí se le reconocía al colectivo ahora afectado.

«Ganado» en los tribunales

El PSOE segura que el objetivo del Gobierno es «restringir las jubilaciones anticipadas» y recortar la cuantía, y considera que los afectados que acudan a los tribunales «tienen ganado el caso». Pide también que la ministra dé explicaciones en el Congreso a la mayor brevedad posible

El BNG, a través de Olaia Fernández Davila, también ha solicitado la comparecencia en las comisiones de Seguridad Sociales y de seguimiento del Pacto de Toledo, del secretario de Estado, Tomás Burgos, además de registrar una batería de preguntas sobre, entre otras cosas, si el ministerio tiene intención de dar marcha atrás y revocar las circulares de junio y agosto, ya que «no es de recibo actuar así a mitad de la partida», dejando «en muy mala situación» a miles de personas.

También la Izquierda Plural ha registrado una proposición de ley para modificar la actual normativa de Seguridad Social y aclarar las condiciones para acceder a la jubilación. CiU reclama aclaración del cambio, que considera «injusto» y alegal.

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