El PP achaca a Montoro el cambio de criterio en la jubilación a los 61 años
ECONOMÍA
Los populares han dejado abierta la puerta a una posible revocación de la medida
28 ago 2014 . Actualizado a las 09:25 h.«Ha habido un órgano tan importante como la Intervención General del Estado que es el que ha hecho que el criterio que seguía la Seguridad Social se haya tenido que parar». Así explicó el martes, en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso -órgano que sustituye a los plenos fuera del período de sesiones-, la diputada del PP María del Carmen Álvarez-Arenas el motivo del giro de 180 grados que desde el pasado junio ha dejado sin jubilación anticipada a los 61 años a centenares de desempleados que siguieron cotizando a la Seguridad Social a través de convenios especiales. Es decir, que según sus palabras, el responsable último de esta decisión ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del que depende la Intervención General.
La Diputación Permanente debatió las peticiones de la Izquierda Plural, el Grupo Mixto y el PSOE en las que exigían la comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la ministra Fátima Báñez. Reclamaban explicaciones sobre los motivos por los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) comenzó a rechazar solicitudes de jubilación anticipada que hasta mediados de junio se aprobaban sin problema alguno.
Puerta abierta a la revocación
Igualmente exigían la revocación del polémico nuevo criterio, que asimilaba la cotización que realizaban los parados a través del convenio especial a ser trabajadores en activo.
El PP tumbó las peticiones de los grupos de la oposición sobre la comparecencia aunque, en su intervención, la diputada popular dejó abierta la puerta a una posible revocación de la medida. «Vamos a analizarlo con tranquilidad, el Gobierno ya está en ello», indicó, dejando caer reiteradamente que Empleo se vio obligado a adoptar el cambio de criterio por imposición de Hacienda.
Esta versión en sede parlamentaria se contradice con la que ha defendido el ministerio de Báñez, al esgrimir que el cambio buscaba unificar el criterio jurídico por divergencias en su aplicación territorial. Empleo también negó que se fueran a revisar de nuevo las solicitudes denegadas.