El último roto de Blesa y sus muchachos (que son muchos rotos y muchos muchachos) en Caja Madrid constata cosas preocupantes. Que durante años hubo altos directivos en esta caja -y en otras, no nos queramos engañar- que utilizaron como señores feudales entidades financieras de nacimiento y control semipúblico, levantadas con el dinero de pequeños ahorradores. Que esos directivos nunca vieron -o no quisieron ver- la frontera ética que debía acompañar todas sus actuaciones (esperemos que un juez en cambio les diga ahora dónde estaba el límite legal). Y que partidos, patronales y sindicatos callaron durante mucho tiempo, bien por ocultar (muy malo), bien por no querer saber (mucho peor). Diez años de tropelías y ahora se llevan las manos a la cabeza y anuncian denuncias. De los consejeros señalados por utilizar tarjetas bancarias opacas, 28 fueron propuestos por el PP; 15, por el PSOE; otros cuatro por IU; una decena, por UGT y Comisiones; y dos por la patronal (entre ellos, el preso Díaz Ferrán). Ni devolviendo el dinero arreglan este roto.