Los supervisores eluden cualquier responsabilidad en las tarjetas B

J. A. Bravo MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

El Banco de España apoya que el Estado reclame el dinero de Caja Madrid

15 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

El Banco de España quiere que todo el dinero gastado de forma indebida con las tarjetas B (Black, en negro) de Caja Madrid sea retornado a las arcas públicas porque su sucesora, Bankia, tuvo que ser rescatada en la primavera del 2012 y en total ha recibido más de 22.400 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y entiende que el competente para formular formalmente esa reclamación es el propio Estado.

En principio, la vía más directa para ello serían los tribunales, en la medida que ya hay un procedimiento abierto tanto sobre el uso de las tarjetas como, en general, sobre las irregularidades que rodearon la transformación de la caja de ahorros (junto a otras regionales) en un banco y su salida posterior a Bolsa en el 2011. Y hasta que la justicia no depure esas responsabilidades, el Banco de España no podrá actuar, precisó este martes el subgobernador Fernando Restoy.

El número dos del supervisor financiero intentó, no obstante, eludir cualquier responsabilidad respecto a este escándalo aunque, en apariencia, hubieran fallado sus controles internos en Caja Madrid. Fuentes de la investigación apuntaron a este respecto que los propios responsables de la entidad pudieron dificultar su labor ofreciendo información incompleta o incluso, en algunos casos, errónea.

Tampoco en la CNMV saltaron las alarmas. Y ello pese a que en el 2009, ante la gravedad de la crisis financiera, el Ejecutivo amplió a las cajas la obligación de informar sobre las retribuciones de sus altos cargos y los miembros de sus consejos de administración. Esos datos le llegaban a ella y al propio Banco de España pero, en apariencia, no se profundizó a ese respecto.

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, también se desmarcó de un asunto que, a su juicio, no pasaría de ser «un problema fiscal» que debe competer a «quien fiscalizaba la caja (los auditores y Hacienda) o al supervisor» (el Banco de España), pero no a ellos, porque Caja Madrid no era una entidad cotizada. Obvia, sin embargo, tanto la citada reforma sobre los sueldos como el hecho de que Bankia mantuvo más de medio año esas prácticas anómalas tras su estreno bursátil, y que su folleto fue autorizado sin reparos.

El problema, resaltaron las fuentes citadas, es que «todos los que debían revisar las cuentas de la caja dieron su visto bueno a los datos que les enseñaban, sin ir un paso más allá». «Daban por hecho que todo era correcto -lamentan los investigadores del caso- sin entrar en muchas más valoraciones y, como mucho, advertían en la letra pequeña de que los datos suministrados podían ser inexactos, estar desfasados o simplemente no ser veraces».

La Agencia Tributaria fue una de las que no profundizó entonces, aunque ha intentado subsanar su error por una doble vía: abriendo sendos expedientes a los 83 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia beneficiados con las tarjetas B entre el 2003 y el 2012 para determinar si regularizaron esas aparentes retribuciones en especie con el fisco; y, de otro, investigando si en otras grandes empresas -sobre todo, las del Ibex- existían prácticas similares en forma de retribuciones más o menos opacas.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, pidió en todo que «no se prejuzgue».