La inspección de trabajo detecta un 60 % de horas extra irregulares

d. valera / a. balseiro MADRID / COLPISA, LA VOZ

ECONOMÍA

Revela que 27.000 empleados de los 43.000 a los que se realizaron controles hacían jornadas más largas sin cobrar, o percibiendo menos de lo estipulado

11 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Hacer horas extraordinarias en el trabajo sin ninguna remuneración o con una retribución inferior a lo legalmente establecido. Esas son algunas de las irregularidades que la Inspección de Trabajo se ha encontrado en el 60 % de los casos que ha analizado. En concreto, detectaron infracciones que afectaban a 27.079 trabajadores de los 43.482 a los que se realizaron controles, según los datos ofrecidos este miércoles por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en su intervención en la sesión de control del Gobierno en el Congreso.

El afloramiento de este empleo no remunerado se debe al plan de control de horas extraordinarias puesto en marcha por los servicios de inspección. En total ha realizado 2.924 actuaciones en lo que va de año frente a las 2.888 en el 2013. En este sentido, la ministra señaló que el Gobierno «ha mejorado y reformado» el contrato a tiempo parcial para prohibir las horas extra y pedir al empresario que especifique día a día las horas de la jornada trabajada. Y es que era precisamente este tipo de contrato el que más horas extra no retribuidas acumula hasta duplicarse desde el 2012.

Además, Báñez también destacó en respuesta a una pregunta del diputado socialista Rafael Simancas, la «gran labor» realizada por su departamento en la lucha contra el fraude en la Seguridad Social. De hecho, la titular de Empleo subrayó que la inspección también permitió regularizar las condiciones laborales de 320.000 trabajadores que eran «víctimas de las malas prácticas de sus empresas».

En concreto, las investigaciones permitieron aflorar más de 200.000 empleos que no estaban dados de alta en la Seguridad Social o lo habían sido por una jornada inferior a la real. «El empleo y su calidad ha sido una prioridad y por eso pusimos en marcha una lucha contra el fraude a la Seguridad Social que está dando resultados muy importantes», afirmó la ministra.

Jornadas «esclavistas»

Unas explicaciones que no convencieron a la oposición. De hecho, Simancas le reprochó que solo el 1,13% de las inspecciones de trabajo persiguen captar los 10 millones de horas extra que se trabajan y no se cobran o «los contratos a tiempo parcial que tienen jornadas esclavistas». En opinión del diputado socialista, el 65 % de las actuaciones se dirigen «a perseguir a los parados» que intentan complementar «subsidios de miseria haciendo una chapucilla o sirviendo unas mesas en una comunión». Simancas también denunció que un tercio de los españoles cobre 600 euros al mes, una cantidad inferior al salario mínimo (645,30 euros).

Sin embargo, la ministra rechazó esos datos e insistió en que los sueldos se han incrementado. En concreto, Báñez aseguró que según los datos del decil de salarios de la EPA, el salario bruto creció un 1,5 %, hasta los 1.869 euros mensuales, y el conjunto de las rentas salariales aumentaron un 1,7 %. «Nos queda mucho por hacer, pero vamos en la buena dirección trabajando mano a mano con los interlocutores sociales», afirmó.

El desbloqueo del Fogasa

Por otra parte, Báñez también destacó que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó en cinco días las prestaciones pendientes a 158.181 trabajadores, cuyas empresas se declararon insolventes o en concurso y les dejaron a deber salarios o indemnizaciones por despido. Un pago que se realizó gracias a un crédito de 940,6 millones.

En los once primeros meses del año, Fogasa ha resuelto 292.754 expedientes, que han afectado a 409.436 trabajadores, destinando una cuantía total de 2.238,2 millones. En el caso gallego, se destinaron 66,14 millones de euros para el pago de salarios o indemnizaciones pendientes a 10.650 trabajadores incursos en casi 8.100 expedientes.