El Gobierno ata corto a los auditores fijando rotaciones y tope retributivo

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Economía establece nuevas incompatibilidades para evitar más escándalos

14 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno ha dicho basta. Escándalos de cuentas maquilladas -la Audiencia Nacional investiga en la actualidad casos tan sangrantes como los de Bankia, Pescanova o Gowex- deberían tener los días contados. Ese es el objetivo de la nueva ley de auditoría aprobada ayer por el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso. La normativa ata en corto a los auditores, encargados de revisar las tripas contables de sus clientes, y les impone nuevos límites y exigencias para garantizar su independencia y reducir los conflictos de interés. El sector no está precisamente contento con la regulación y se queja de falta de diálogo y de consenso insuficiente. Ahora tienen los ojos puestos en la tramitación parlamentaria para «acercar» la normativa a la europea. Entre las novedades de la ley, destacan:

Rotación

Obligatoria a los diez años. La empresa auditada -bancos, aseguradoras o cualquier firma cotizada, incluyendo las del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), como era el caso de la tecnológica Gowex- tendrá que cambiar de auditor cada diez años. Transcurrido este plazo y si se celebra un concurso público, el inspector podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro y se realice una auditoría conjunta. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se refirió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a «evitar problemas pasados», sin concretar más, pero en el imaginario colectivo están aún frescos los últimos escándalos.

Incompatibilidades

Once servicios excluyentes. Según De Guindos, para reforzar la independencia de los auditores, se recogen hasta once servicios incompatibles que no podrá prestar a la firma objeto de revisión, su matriz y sus dependientes. Entre ellos destacan otros servicios de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía o de diseño de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera. Cabe recordar la sanción millonaria (12 millones de euros) que el ICAC le impuso a Deloitte por ser, a la vez, proveedor de servicios de Bankia y auditor, lo que erosionó su independencia. También serán incompatibles servicios fiscales y de valoración, salvo que no tengan efecto directo en los estados auditados o sean de poca importancia relativa, y determinados familiares del inspector tampoco pueden prestar esos servicios incompatibles a la entidad auditada. Por ejemplo, el cónyuge del auditor no puede llevar la contabilidad de la auditada.

Remuneración

Límites. Es otra de las novedades, ya que fija un tope para las remuneraciones que puede percibir el auditor en caso de que preste a la empresa auditada servicios distintos. El límite no podrá exceder durante tres o más ejercicios consecutivos el 70 % de la media de los honorarios percibidos durante los tres últimos años. También, para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, «los honorarios no podrán superar en los tres últimos años el 15 % del total de ingresos percibidos por la sociedad auditora».

Los fondos de inversión también podrán financiar a las pymes

El Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva regulación de las instituciones de inversión colectiva, en la que se recoge que las pymes podrán financiarse a través de fondos de inversión libre. Los hedge funds podrán invertir en facturas, préstamos y efectos comerciales de las empresas, e incluso dar financiación. El objetivo es, insistió De Guindos, abrir otras vías de crédito para las pymes para reducir su elevadísima dependencia de los bancos. El Gobierno también cerró la adaptación de la normativa europea de supervisión y solvencia financiera, que regula los colchones adicionales de capital para las entidades de crédito.