La Justicia investigará la regularización a los evasores de la lista Falciani
ECONOMÍA
«En esas circunstancias a cualquier ciudadano se le abre una inspección. No se le da una segunda oportunidad», señaló el secretario general de Gestha
14 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Provincial de Madrid cree necesario investigar la regularización que los españoles con cuentas en el banco suizo HSBC realizaron en el 2010 tras aparecer en la lista Falciani, por si se hubiera producido un delito de prevaricación administrativa por parte de los responsables de la Agencia Tributaria. Así, en un auto, ordena al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid admitir la querella presentada por el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria, María Dolores Bustamante, y contra el exdirector del Departamento de Inspección, Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo.
Gestha considera que se produjo un «trato de favor» por parte de los dirigentes de la AEAT al dar un plazo de diez días a los presuntos evasores para que regularizasen su dinero en vez de iniciar un procedimiento infractor que habría supuesto sanciones e incluso ser juzgados por delito fiscal. En concreto, la denuncia señala que tras conocer Hacienda el nombre de «destacadas personas» con cuentas en el HSBC decidió avisarles y enviarles un requerimiento para que presentasen declaraciones complementarias que serían consideradas como «espontáneas».
Doble vara de medir
«En esas circunstancias a cualquier ciudadano se le abre una inspección. No se le da una segunda oportunidad», señaló el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Y es que, de los 558 españoles a los que se les envió el requerimiento, 352 presentaron declaraciones complementarias que permitieron a la AEAT recaudar 264 millones (211 provinieron de la familia Botín). Mollinedo recordó que las sanciones por una infracción grave o muy grave van desde un 50 hasta un 100?% de la cantidad defraudada. Aunque es difícil hacer un cálculo, Gestha estima que las arcas del Estado dejaron de ingresar otros 264 millones con esta regularización. Entonces, Hacienda justificó su proceder por el miedo a que los jueces considerasen ilícita la información aportada por Falciani, ya que los datos fueron sustraídos por el exempleado del banco.