El empresario solicitaba que se le devolvieran los 25 millones suscritos en la compra de las acciones del banco en el 2012
25 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Nuevo jarro de agua fría. Esta vez sobre el empresario Manuel Añón, quien demandó a NCG y al FROB tras perder los 25 millones de euros invertidos en la suscripción de acciones del banco en el momento que este privatizó una parte de su capital, en enero del 2012. El empresario pidió la nulidad de los contratos porque tanto la entidad financiera como el FROB, el fondo de reestructuración dependiente del Gobierno -y que controlaba tanto el consejo de administración como las comisiones de control y de auditoría- le ocultaron la información sobre la situación del banco. Manuel Añón explicó que desconocía que NCG iba a recibir una nueva inyección de capital y que el asiento de fusión iba a ser rectificado de tal manera que provocaría un agujero en el capital de mil millones de euros.
De acuerdo con un resumen del fallo judicial, que se hizo público a través de la agencia Efe, se declara probado que no concurrió vicio de consentimiento alguno en la suscripción de los contratos, pues en este caso considera que se trata de un inversor cualificado que contaba con la información suficiente para conocer cualquier circunstancia relevante de la entidad, por cuanto que era pública.
La información facilitada
Además, dice el resumen del fallo, el juez concluye que no se ocultó información puesto que además de Añón invirtieron entre otros, el presidente y el entonces consejero delegado de NCG Banco, José María Castellano y César González Bueno, respectivamente, así como el empresario Roberto Tojeiro, que formaban parte del órgano de administración y del comité de auditoría de la entidad bancaria.
Cabe recordar que Castellano y González-Bueno no presentaron, al menos por el momento, ninguna demanda contra el FROB por este motivo. Sí lo hizo en cambio Roberto Tojeiro, y ganó el juicio porque en este caso la jueza entendió que el fondo de reestructuración y el banco cometieron dolo porque tenían la obligación jurídica, contractual y «hasta ética» de exponer la situación de la entidad.
La información difundida ayer recoge todos los argumentos que la abogada del Estado que defendía al FROB explicó durante el juicio: el ajuste contable practicado no afectó a la inversión de la empresa porque esta adquirió las acciones al mismo precio que el fondo público y la inversión de Añón conllevaba riesgos adicionales derivados de la situación económica mundial.