El abogado Ricardo Pradas defiende que las indemnizaciones millonarias en Novacaixagalicia eran totalmente legales

Acaba de concluir la primera sesión del juicio por las indemnizaciones millonarias que cobraron los directivos de Novacaixagalicia José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán. A todos ellos se les acusa de apropiación indebida y administración desleal y alternativamente de delito de estafa y les piden tres años de cárcel y la devolución de lo percibido. También se sientan en el banquillo de los acusados Julio fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas Montilla, que, según las fiscales del caso, fueron los cooperadores necesarios para la comisión de los delitos. Ninguno de ellos se declaró culpable, al contrario de lo que había ocurrido en el caso de Caixa Penedés.

En primera fila, ante el polémico juez Alfonso Guevara, se sentaron los seis encausados pero en esta primera sesión sólo se le tomó declaración al abogado Ricardo Pradas. Declaró durante más de tres horas. Respondió a todas las preguntas que le hizo la fiscal Pilar Melero, a quien corrigió en repetidas ocasiones sobre conceptos basicos de legislación laboral y financiera. Entre los encontronazos dialécticos que ambos protagonizaron, destaca un rifirrafe que tuvo de árbitro al juez. Ocurrió cuando el ministerio público trató de demostrar que los directivos intentaron aprovecharse al capitalizar (cobrar de una sola vez) el importe estipulado por las prejubilaciones, en lugar de recibirlo mensualmente. Para ello la fiscal advirtió que otro directivo, Ángel López Corona, había cobrado una indemnización de más de dos millones de euros pero en tres plazos, entendiendo que esta fórmula no era la de la capitalización. Pradas negó la mayor y, ante las repreguntas de las fiscales, el juez respaldó al acusado. 

El asesor jurídico mantuvo que las prejubilaciones no son una cláusula de blindaje, sino una liquidación por prejubilación, «y si se me condena por ello, que venga Dios y lo vea». «Las indemnizaciones son unas cantidades compensatorias por la pérdida de un empleo por una causa justificada», subrayó Pradas, para luego sostener que si el cobro de esas mismas cantidades se hubiese ejecutado mes a mes no se hubiese generado escándalo social.

En varios momentos del interrogatorio Pradas quiso dejar constancia de que él no era «el cerebro de nada, el ideólogo de nada» y que se limitaba a asesorar a la entidad en lo que le preguntaba. Añadió además que nunca representó a ninguno de los encausados, «aunque en algún escrito presentado en la causa diga que yo fui asesorando al señor Pego al Banco de España». Aseguró con contundencia que tal afirmación no era cierta, y que él no había firmado ese documento.

La fiscal, que en un momento de la declaración no supo jerarquizar los cargos que ocupaban en la entidad Pego, García de Paredes y Óscar Rodríguez Estrada (confundió la dirección general con el resto de las direcciones de área), preguntó en varias ocasiones a Pradas por qué no informó de las cartas de desestimiento en las que solo faltaba la firma de Pego, Gorriarán y Estrada. No tenían efectos jurídicos hasta que no fueran firmadas, por lo que eran solo una declaración de intenciones de lo que podía ocurrir.

Por parte de las defensas sólo el abogado de García de Paredes interrogó a Pradas, quien confirmó que el ejecutivo pensaba quedarse en la entidad por lo que no había firmado ninguna carta con la intención de irse de la entidad, al contrario «su deseo era el de no desistir». También confirmó Pradas que el FROB cuando entró en el capital de la entidad podía haber incrementado el interés de las preferentes como fórmula de sanción por incumplimiento de la política de retribución, pero no lo hizo por lo que se deduce que no había motivo. El juez levantó la sesión poco antes de las dos de la tarde hasta mañana.

Tres años de instrucción

Después de tres años de instrucción, de miles de folios con documentación diversa, con decenas de declaraciones e informes periciales, varias rondas de comparecencias previas, y dos cambios en el calendario, hoy ha arrancado el juicio por las controvertidas y millonarias indemnizaciones en Novacaixagalicia, la caja resultado de fusionar Caixa Galicia y Caixanova, y que requirió un rescate millonario.

Los acusados han llegado con tiempo a la Audiencia Nacional. Julio Fernández Gayoso, Óscar Rodríguez Estrada, y Javier García de Paredes fueron los primeros en entrar. Tras ellos, Jose Luis Pego, Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas. Todos llegaron acompañados por sus abogados. Aparentemente se mostraron tranquilos. En las dependencias judiciales se volverá a poner sobre la mesa la controvertida gestión en las antiguas cajas de ahorro, aunque su nivel no llega a lo sucedido en Bankia o la CAM. Pero política y socialmente invita a ello, aunque este caso posiblemente tenga más que ver con un mero asunto laboral que con el rescate millonario de la entidad. En todo caso, se juzgará por la vía penal.

El Estado, a través del FROB, se juega aquí un dinero considerable. Pese a que las indemnizaciones (casi 19 millones, sumando planes de pensiones) los abonó la entidad gallega, en caso de que el fallo suponga que lo tengan que reintegrar, será el fondo de rescate bancario el que se lleve el 88 %: 16,7 millones. Es así según un acuerdo entre los actuales dueños de la antigua caja (hoy Abanca) y el propio FROB. El resto (2,1 millones) irá al banco.

Los causados

Cinco directivos y un abogado externo. En esta causa hay dos tipos de imputados: los que cobraron y los que actuaron por detrás. Y entre los primeros, también hay de dos tipos: los que tuvieron los primeros contratos y el que lo firmó en un momento posterior y se mostró dispuesto a devolver lo cobrado indebidamente. Por partes. Según consta en los escritos de la Fiscalía, meses antes de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, Julio Fernández Gayoso, presidente de esta última, presentó unos nuevos contratos de alta dirección a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, de espaldas al consejo de la caja viguesa. Mejoraba sus condiciones y les facilitaba una salida ventajosa en caso de despido. El abogado externo Ricardo Pradas asesoró en aquella tarea.

Tras la fusión y nacimiento de Novacaixagalicia (diciembre del 2010), ese mismo tipo de contrato se replicó con Javier García de Paredes, que procedía de Caixa Galicia, y que iba a ser el número dos de la nueva caja (por detrás de Pego). La entidad había recibido 1.162 millones de euros en ayudas. La diferencia con los anteriores es que su contrato se trasladó al consejo. En otoño del 2011, la caja se convirtió en banco, con José María Castellano al frente, y fue nacionalizado. El nuevo equipo decidió prescindir de Pego, Gorriarán y Estrada, pero contaba con García de Paredes. Duró poco: unos días después salía por diferencias con la nueva cúpula. Fue el único cuyo despido firmó Castellano. Tras conocerse estas indemnizaciones, se generaba un enorme ruido, y se presentaba la primera denuncia. García de Paredes fue el único que mostró su disposición a devolver el dinero. Lo pidió de forma reiterada, pero ni FROB ni Fiscalía aceptaron.

El fondo del asunto

¿Cobro oculto o no? Es, en síntesis, lo que está detrás de este caso: ¿conocía el consejo de la caja las cantidades que se iban a abonar a los directivos y los contratos firmados? ¿Lo sabía también el Banco de España? Un informe pericial de estos últimos asegura que eran legales, pero no revela si lo supo y si lo autorizó. Otra cosa es si, éticamente, una entidad rescatada podía pagar esas retribuciones y planes de pensión. Pero eso no es lo que se juzga aquí.

Los acusadores

Fiscalía y FROB al frente. El proceso judicial lo inició la denuncia de un abogado coruñés, Pablo Arangüena, ahora desligado del caso. Y lo asumió la Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado el peso de la instrucción. Además, están personados como acusación particular la organización de consumidores Adicae y la actual Abanca. En realidad, es el FROB (el Ministerio de Economía) quien está detrás de esta. Y, explican fuentes conocedoras del caso, se espera que sea su representante legal el más duro en los interrogatorios, por un motivo: la intención del Gobierno de demostrar que quiere depurar responsabilidades en las antiguas cajas, sea cual sea el caso.

Los testigos

Una romería por la Audiencia. El juicio que arranca este lunes se prolongará hasta el 9 de julio, cuando se presentarán las últimas periciales. Antes pasarán -además de los 6 encausados, con cuya declaración empezará este asunto- hasta 47 testigos. Está buena parte del consejo de Novacaixagalicia y del de Caixanova; la comisión de control y de retribuciones; los inspectores del Banco de España que fiscalizaban la caja; asesores laborales; y un buen número de exdirectivos. También Castellano y González-Bueno, su mano derecha. Ninguno de los vinculados en su día a la caja gallega está ahora en Abanca, el banco sucesor de aquella entidad.

El procedimiento

Un veterano y controvertido juez al frente. Salvo cambios de última hora -nada descartables-, será Alfonso Guevara el juez encargado de llevar esta vista en la sección tercera de la Audiencia Nacional. Es, dicen quienes lo han tratado, un tipo veterano, un garantista, pero también un magistrado muy controvertido. Figuran en las hemerotecas denuncias de chóferes de los juzgados por amenazas. También se ha metido en algunos charcos, como cuando el año pasado intentó forzar la entrega a Kazajistán de un opositor kazajo, aprovechando una ausencia en la sección segunda, la competente en el caso, según reveló el diario El País. A su lado, como ponente, Clara Bayarri, una de las jueces que reconoció la competencia de Baltasar Garzón a instruir el procedimiento por los crímenes del franquismo.

Los precendetes

Caixa Penedés y CAM, y en sentidos opuestos. El de la caja gallega es el tercer caso de estas características que llega a la Audiencia Nacional. Y aún quedan otros por llegar por mala praxis en las entidades de ahorro: CCM, Bankia, Caja España-Duero, Catalunya Caixa... Los dos precedentes son los de Caixa Penedés y la CAM. En el primero, sus exdirectivos acordaron declararse culpables, reintegrar el dinero y aceptar una pena de dos años de prisión, de tal forma que evitaban pisar el presidio. ¿Es posible que suceda algo parecido en Novacaixagalicia? Está por ver; jurídicamente sí es posible, y en cualquier momento de la vista puede suceder. Lo cierto es que, coinciden varias fuentes, el caso de Penedés marca el suelo de lo que estaría dispuesto a aceptar el FROB si hay declaración voluntaria de culpa: una pena mínima, pero con castigo social, y la devolución del dinero. En la CAM, en cambio, su director general resultó absuelto al achacar la responsabilidad al consejo de administración, un argumento que da aire a las defensas de los imputados gallegos.

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