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La Xunta investiga cientos de denuncias de telefonía móvil

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Pilar Canicoba

Consumo ha abierto en lo que va de año casi 200 expedientes sancionadores, la mayoría por una facturación adicional

10 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Las relaciones entre los gallegos y las empresas de telefonía móvil se han convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades que velan por los intereses del consumidor. La Xunta está investigando en la actualidad cientos de denuncias de particulares, la mayoría por cobros de servicios no contratados por el cliente. Solo en lo que va de año, el Instituto Galego de Consumo (IGC), organismo autonómico competente, ya lleva abiertos a las telefónicas 192 expedientes sancionadores. Durante el 2014 se tramitaron 705, que desencadenaron en multas por valor de 1,5 millones de euros. Facturación excesiva, incumplimientos de ofertas y servicios, defectos del terminal o cobro de penalizaciones una vez efectuada la portabilidad explican la avalancha de reclamaciones. Durante este año el IGC ha tramitado 8.023 denuncias, de las que 3.162 están relacionadas con la telefonía, el sector que acapara más quejas en las dependencias gallegas de Consumo.

El grueso de las denuncias recientes se centra en reclamaciones de los usuarios por cobros indebidos en servicios no contratados. En muchos casos, el cliente activa un mensaje y la operadora procede a la facturación. Esto ha propiciado, por ejemplo, que un recibo mensual de 18 euros en tarifa plana pase a 100. El IGC, en todos los casos, ha emitido laudos favorables a los consumidores en base a que existe un incumplimiento de las condiciones del contrato, con independencia que sea el servicio prestado por un tercero.

En Galicia, la gran mayoría de las reclamaciones por este motivo son contra Vodafone. Esta empresa ha decidido impugnar los laudos de Consumo mediante una denuncia contra los consumidores en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ante esta situación, el usuario opta por renunciar al laudo favorable por el sobrecoste que le supone la pugna judicial con abogados y procuradores. Las autoridades gallegas de Consumo están negociado ahora con Vodafone para que retire las impugnaciones de los laudos. Y advirtiendo a la compañía de que, en virtud de su potestad sancionadora en defensa de los consumidores, puede abrirle expedientes sancionadores con multas que van desde los 11.000 a los 15.000 euros.

Preguntada al respecto, la empresa asegura que «Vodafone está adherida al sistema arbitral de Consumo en toda España, incluida Galicia, y siempre respeta los laudos de las juntas arbitrales, pero la adhesión a este sistema tiene algunas excepciones, como las relativas a los servicios prestados por terceros».