El naval gallego pide a la UE que repare los 2.000 millones perdidos por una injusticia
ECONOMÍA
El alto tribunal europeo desmonta la sanción que costó más de 8.000 empleos en Galicia
18 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El naval español no disfrutó de ayudas de Estado entre los años 2007 y 2011. Las bonificaciones fiscales que el Gobierno concedía a las empresas que financiaban la construcción de buques en los astilleros (el tax lease) eran legales. El sector no vulneró las leyes de la libre competencia y la sanción de Bruselas que anuló el sistema de incentivos, y dejó al naval sin armas para contratar buques frente a los países de la competencia, fue injusta.
El fallo del Tribunal General de la Unión Europea es rotundo y desmonta punto por punto los argumentos del castigo impuesto por la Dirección General para la Competencia, al frente de la cual estaba el socialista Joaquín Almunia, a raíz de una demanda interpuesta por astilleros europeos encabezados por Holanda.
La justicia europea exime a los inversores (bancos y empresas) de devolver los beneficios fiscales, una suma que el Gobierno cifró en 126 millones, y que el departamento de Almunia obligó a revisar por considerar que la cifra era demasiado baja.
Daños y perjuicios
Aunque la sentencia condenatoria de Bruselas es del 2013, Hacienda nunca llegó a reclamar las devoluciones a los beneficiarios del tax lease, a la espera del dictamen de la corte de Luxemburgo, que admitió a trámite los recursos de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y del propio Gobierno.
Conocido el fallo de la justicia europea, la reacción ayer en el sector naval gallego era de satisfacción, pero también de lamento por las enormes pérdidas que ha supuesto para los astilleros la sanción de Bruselas.
En los dos años transcurrido sin ningún tipo de incentivos a la contratación naval -el nuevo tax lease entró en vigor en el 2013-, los astilleros privados gallegos solo lograron pedidos por valor de 200 millones, cuando su facturación media entre el 2006 y el 2010 no bajó de los 1.400 millones al año. Si se proyecta esa cifra durante dos años, el resultado se traduce en una pérdida de facturación de 2.000 millones, con el agravante de los 8.000 empleos destruidos, según datos de los propios astilleros, que todavía no han logrado cerrar ninguna operación con el nuevo tax lease, por ofrecer condiciones mucho menos ventajosas.
«Pymar estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español», afirmó ayer Almudena López del Pozo, consejera delegada de esta agrupación. Pero, ¿es eso posible?
El departamento de Almunia se limitó a decir ayer que «la Comisión va a proceder a examinar la sentencia así como sus potenciales implicaciones».
Pese al fallo de la UE, el tax lease vigente seguirá siendo el actual, aunque el sector no descarta pedir la modificación de la ley para volver al anterior sistema.
Reacciones de satisfacción, pero también de rabia ante una sentencia que llega tarde
Los representantes de los trabajadores del naval del área de Vigo mostraron ayer su satisfacción tras conocer la resolución del alto tribunal de la UE, pero lamentaron que la sentencia «llega tarde». Ramón Sarmiento, representante de CC. OO. afirmó que «la crisis económica, sumada a la derivada de la suspensión del tax lease, provocó que se cerrasen 6 astilleros en España, dos de ellos en Galicia (MCíes y Factoría Naval), que se perdiesen solo en la ría de Vigo más de 8.000 empleos directos e indirectos, y que desapareciesen cientos de empresas auxiliares.
«Se actúo con cohesión frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión y ante una sentencia arbitraria e injusta», afirmó Almudena López, consejera delegada de Pymar. «Es hora de que se acabe el trato discriminatorio» de la Comisión Europea al sector naval privado español», declaró.
El mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijoo, valoró ayer la resolución judicial que considera legal el tax lease, remarcando que «hai unha responsabilidade que alguén debería asumir». En su opinión, queda claro que «España tiña razón» cuando defendió la legalidad del sistema de bonificaciones fiscales, y «Almunia non tiña razón». Feijoo lamentó todo el «perxuizo» causado, y la pérdida de empleo en el naval que se produjo al paralizar las contrataciones, pero se felicitó de que ahora haya «certidume».
Según la Asociación Clúster del Naval Gallego, Aclunaga, «dicha resolución contribuye a eliminar cualquier sombra de duda sobre el sector».
«Siempre hemos manifestado que era una herramienta absolutamente legal y respetuosa con las normas europeas de competencia», dijo Enrique Mallón, secretario general y portavoz de Asime.
Ana Miranda, portavoz del BNG en Bruselas, anunció el envío, ayer mismo, de una pregunta parlamentaria a la CE, sobre la pérdida de empleo y competitividad que ha supuesto para el naval gallego la sanción ahora declarad injusta por el alto tribunal europeo.