Una extensa nómina de expolíticos y diplomáticos han pasado por la multinacional tras dejar la primera línea
10 feb 2016 . Actualizado a las 18:57 h.Rumoreado desde noviembre, confirmado anteayer de forma oficiosa por el líder de su partido, pero en stand-by hasta que se cierre un pacto de Gobierno, para no entorpecerlo, el anunciado fichaje de Trinidad Jiménez por Telefónica será, cuando se haga oficial, el último de una larga lista de retiros dorados que la operadora de César Alierta ha ofrecido a políticos, diplomáticos e incluso miembros de la realeza.
Una política que se ha intensificado en los últimos años y que tiene su máximo exponente en Iñaki Urdangarin. Cuando en el 2006 se encendieron en la Zarzuela las primeras alarmas sobre las prácticas del Instituto Noos, cuya limpieza analiza estos días la Audiencia Provincial de Palma, comenzaron las presiones para que el entonces duque de Palma abandonara el entramado empresarial. No fue un salto al vacío. En junio de aquel año, Telefónica Internacional anunciaba su fichaje como consejero, un puesto que le permitía seguir residiendo en Barcelona para, ya en el 2009, ser trasladado a Washington. Un exilio que lo alejaba de España antes de que estallara el caso Noos -destapado oficialmente dos años más tarde, tras el registro a las oficinas- y en unas condiciones privilegiadas. Escandalizado por las versiones que le atribuían un sueldo anual superior al millón de euros, en una de sus declaraciones ante el juez Castro Urdangarin trasladó que solo cobraba 350.000 euros. La compañía, eso sí, se hacía cargo del coste de la vivienda.
La relación laboral se rompió en agosto del 2012, cuando, apenas un mes después de renovar su contrato, el ex duque de Palma solicitaba una «excedencia temporal» en la operadora. Según la versión que él mismo dio al magistrado, Telefónica le habría facilitado «un dinero para volver a España». «No sé si fueron 200.000 euros», explicó.
Otra imputación, en este caso por las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, obligó también a Rodrigo Rato a renunciar en abril del año pasado a sus cargos como miembro de los consejos asesores de la operadora para Europa y América Latina, por los que llegó a cobrar más de 360.000 euros anuales, según informes de la Fiscalía, y a los que accedió apenas unos meses después de haber sido imputado por la gestión del banco rescatado. A Rato le unía una estrecha amistad con Alierta, al que propuso primero para la presidencia de Tabacalera y, después, para la de Telefónica.
Puestos creados ex profeso
La antigua empresa estatal ha dado acomodo estos años a políticos de los dos partidos mayoritarios. El último gran fichaje que ha trascendido ha sido el de la expresidenta navarra, Yolanda Barcina, que tras perder el año pasado las elecciones se incorporó en octubre como consejera independiente del nuevo órgano ejecutivo de DTS, la plataforma de televisión de pago que opera bajo la marca Movistar+. Antes que ella, desembarcaron en la multinacional el socialista Narcís Serra, vicepresidente en los últimos gobiernos de Felipe González y que tuvo silla en los consejos de tres filiales de Telefónica, y el popular Eduardo Zaplana, que dejó el escaño por un puesto creado ex profeso en la empresa en el 2008, tras perder el PP sus segundas elecciones consecutivas frente a Zapatero.
Precisamente, detrás del fichaje del exportavoz popular (y en el de otros expolíticos) muchos vieron la mano de Javier de Paz, antiguo responsable de las juventudes socialistas, con buenas relaciones en los dos grandes partidos del país y uno de los ejecutivos con más influencia en el conglomerado que preside Alierta.
Los cónyuges
Un grupo en el que también han encontrado acomodo los cónyuges de algunos primeros espadas del panorama político actual. Iván Rosa, marido de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y, como ella, abogado del Estado, fichó por Telefónica en el 2012 como asesor jurídico. Casi al mismo tiempo entraba en la empresa Paloma Villa, esposa de Eduardo Madina, entonces diputado y, posteriormente, candidato a la secretaría general del PSOE.
Ayer mismo se conocía que la exdiputada popular Andrea Fabra, hija del expresidente encarcelado de la Diputación de Castellón y autora de aquel célebre «¡que se jodan!» en el Congreso, mientras se aprobaba el recorte en las prestaciones por desempleo, ha pedido su reingreso en la operadora, de la que salió con una excedencia en el 2007.