Cree excesivos los pagos que recibe por el servicio público
12 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Europea abrió ayer de forma oficial una investigación «en profundidad» a España por presuntas ayudas de Estado ilegales a Correos. El equipo de la comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, alberga «dudas» sobre las compensaciones que los sucesivos Gobiernos españoles han otorgado a la empresa pública desde el 2004. Según Bruselas, las retribuciones concedidas a la compañía a cambio de la prestación de servicios a precios asequibles para los ciudadanos pudieron ser «excesivas».
El eurodiputado de CiU Ramón Tremosa hizo saltar la liebre en abril del 2014 a raíz de un informe sobre el servicio postal español en el que se acusaba a Correos de distorsionar la competencia gracias a las ayudas del Estado. Puso sobre aviso al entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien reconoció que las autoridades españolas no habían notificado ninguna de las compensaciones que abonaban a Correos.
Además, al buzón de denuncias de la Comisión llegaron dos demandas en las que se acusaba a España de dispensar a Correos un trato privilegiado. Concretamente, en los escritos se apunta a las ventajosas exenciones fiscales de las que goza el operador postal y la exención de cuotas a la Seguridad Social de al menos 20.000 de sus funcionarios. Unas ayudas que, entre el 2004 y el 2013, se cuantifican en hasta 1.305 millones.
Las bonificaciones llegaron a dispararse un 125 % solo en el período de 2005 al 2010, aunque se extendieron hasta la legislatura actual. En el 2014, la empresa recibió 518 millones de euros de fondos estatales, un 60 % más que un año antes.
Estos importes, que el presidente de Correos, Javier Cuesta, defendió ayer que están «bien recibidos», despiertan el recelo de la Comisión Europea. La normativa europea sobre ayudas de Estado permite que las empresas reciban una «compensación» por los costes adicionales que genera la prestación de un servicio público, pero siempre que no la sitúe en una posición abusiva frente a los competidores.
Y, dentro de esas reglas, Bruselas cree que la rentabilidad alcanzada por Correos a costa de las arcas públicas «supera el nivel de beneficios razonables». También sospecha de la legalidad de las exenciones fiscales, ampliaciones de capital y retribuciones por distribución de material electoral. Lo único que se ha salvado de la lupa de Vestager son las cotizaciones de los trabajadores de Correos porque, entiende la Comisión, no generan beneficio alguno a la empresa.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno español, que deberá presentar alegaciones para que la investigación no derive en multa.