Bancos alemanes presentan una demanda internacional contra España por el recorte a renovables

F. Fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

J. M. CASAL

El centro de arbitraje del Banco Mundial tramita 24 denuncias de inversores internacionales

22 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Los árbitros que trabajan para el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (el CIADI) del Banco Mundial, con sede en Washington (Estados Unidos), estarán con la mosca detrás de la oreja después de recibir en los dos últimos años hasta 24 demandas contra el Gobierno español firmadas por inversores internacionales que apostaron su dinero en el negocio de las energías renovables en España. Todos buscan indemnizaciones y amparo legal en la institución tras ver cómo cambiaba la normativa española y se ponía fin a las primas a ese tipo de energías verdes y, por tanto, se despedían de las rentabilidades prometidas. El CIADI resuelve disputas entre gobiernos y nacionales de estados diferentes y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

Entre los denunciantes más recientes están un grupo de cuatro bancos regionales de Alemania (landesbank), que habían efectuado inversiones millonarias sobre todo en energía solar en España. Invocan el tratado internacional sobre la Carta de la Energía para denunciar al Gobierno español por los recortes a las renovables y la inseguridad jurídica que ha generado con ellos.

Pero estas todopoderosas entidades germanas no son las últimas en recurrir a la corte internacional de arbitraje. Hace unas semanas, el fondo nipón Eurus (propietario del 50 % de la compañía eólica gallega Eurovento, de la que la otra mitad pertenece al grupo Acciona) registró su propia denuncia contra el Reino de España por el recorte a las renovables.

Los inversores alemanes abundan en las otras 22 demandas internacionales. Como las eléctricas E.On y RWE, entre otras.

El CIADI no ha resuelto todavía ninguno de esos expedientes. Pero sí se ha producido una resolución internacional a favor del Ministerio de Industria por parte del instituto de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, al que recurrió la empresa Charanne y Construction Investments. Ese laudo favorable al Gobierno español se suma a las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, que consideraron que los cambios normativos «no violaron expectativa legítima alguna bajo el derecho internacional».

«El sistema quebraría»

El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó, tras conocerse la presentación de la primera demanda internacional contra sus medidas, que los inversores aspiraban a obtener rentabilidad del 20 %, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera, el resultado sería que el sistema eléctrico quebraría». La reforma energética sustituyó las primas por una rentabilidad razonable fijada en el 7 %.