Google y otras grandes firmas del sector utilizan lagunas legales para reducir sus pagos
04 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las expresiones doble irlandés o sándwich holandés no hacen referencia a ninguna bebida o alimento típico de esos países, sino a procedimientos de ingeniería fiscal utilizados por las multinacionales afincadas en esos Estados miembros de la UE para rebajar el pago de impuestos. Las agencias tributarias de casi todos los países europeos llevan tiempo con el foco puesto en los gigantes tecnológicos como Google, Apple o Microsoft ante las sospechas de que pagan menos impuestos de los que les corresponde por sus ingresos. Los registros realizados el pasado jueves en las sedes de Google en Madrid van en esa dirección. Y es que estas multinacionales aprovechan las lagunas legales que existen en la legislación europea para reducir considerablemente su factura impositiva de manera que la mayoría de los ingresos generados aquí salen en dirección a terceros países sin tributar.
Pero ¿cómo lo hacen, exactamente?
El doble irlandés
Esta práctica consiste en que una multinacional constituye una sociedad que posee los derechos de patentes en un paraíso fiscal como las islas Bermudas. Después, crea otra empresa y establece su sede en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es el más bajo de la UE con un 12,5 % en el tipo general, aunque ahora acaba de rebajarlo al 6,25 % para las compañías tecnológicas (en realidad para aquellos beneficios derivados de la propiedad intelectual, como las patentes). De esta forma, la matriz irlandesa sería la encargada de comercializar ese producto (por ejemplo un software) en el resto del mundo a cambio de pagar una importante cantidad a la empresa ubicada en el paraíso fiscal (donde no tributará). Así, la filial de esta compañía en España no recibirá ingresos por esos servicios, ya que deberán facturarse en Irlanda. En otros casos, la filial española tendrá que pagar una comisión a la matriz por servicios de márketing o de I+D, lo que reduce considerablemente los beneficios en España, o incluso la sociedad registra resultados negativos y evita tributar por sociedades.
El sándwich holandés
Holanda también tiene un sistema fiscal muy ventajoso para las multinacionales. En concreto, están exentas de tributación todas las ganancias por plusvalías de ventas de acciones, los dividendos o los royalties (pagos por derechos de autor de un producto). Una vez más, todas las filiales sufren un vaciamiento en favor de esta empresa matriz por el uso de las patentes. Hay que tener en cuenta que en el caso de empresas tecnológicas estos servicios suponen gran parte de su actividad.
Una combinación de ambos
Para rizar el rizo, se puede combinar este sistema con el irlandés. De esta manera, los beneficios que obtenga la sociedad irlandesa pueden derivarse a Holanda aprovechando que el pago de royalties en Irlanda están libres de impuestos si se pagan a otra empresa europea (la que los comercializa). Después esa compañía pagará a la sociedad en un paraíso fiscal como propietaria última de los derechos.
«Tax rulings»
Esta práctica consiste en que una multinacional y un Estado alcanzan un acuerdo específico de tributación al margen de la legislación estándar. Normalmente supone una rebaja impositiva. Es lo que ocurrió en el caso Luxleaks en el que el Gobierno luxemburgués del ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llegó a pactos secretos con más de 340 grandes empresas entre el 2002 y el 2010 para que tributaran apenas un 1 %.
Esta estrategia no es usada solo por los gigantes tecnológicos, sino por todo tipo de multinacionales. La ingeniería fiscal se ha convertido en un auténtico problema para las arcas públicas. Por ese motivo, los Gobiernos han decidido actuar y dar los primeros pasos que dificulten estas prácticas de planificación fiscal agresiva. Así, desde la OCDE se ha puesto en marcha el denominado programa BEPS de lucha contra la erosión de bases imponibles. Una de las medidas que recoge es la obligación de que las multinacionales presenten un informe «país por país» con la información desagregada de los impuestos que pagan en todos estados donde realizan actividades. El objetivo es conocer si la tributación se ajusta a los ingresos generados en cada país. De momento 31 Gobiernos, incluido España, han ratificado el acuerdo para intercambiar esta información de manera automática a partir del 2017. La medida no convence a los expertos. «Los datos que proporcionen las empresas no serán públicos, sino de la Agencia Tributaria. Esto limita la presión social», explica el secretario de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo.
«Los registros en sedes de multinacionales son anécdotas»
Los grupos consolidados (las multinacionales) pagaron en España un tipo efectivo en el impuesto de sociedades del 7,3 % sobre su resultado contable. El resto de las empresas tributaron casi el doble, con un 13,8 %. Son datos de la Agencia Tributaria referidos al 2014 -el último año disponible- y muestran una brecha importante a favor de las grandes compañías. La ingeniería fiscal tiene mucho que ver en ese resultado.
«Es una situación ya sabida y casi querida por los Gobiernos», señala José María Peláez, inspector de Hacienda y uno de los mayores expertos en la lucha contra la evasión fiscal. Critica la «hipocresía» de la UE porque conoce las actuaciones que permiten legislaciones como la vigente en Irlanda u Holanda y no actúa para corregirlo.
Peláez considera que los registros como el que se produjo el jueves en las sedes de Google en Madrid o los llevados también a cabo en Francia hace unas semanas no tienen efectos importantes. «Son meras anécdotas. Las posibilidades de que les pillen en esas prácticas son bajas. Y si lo hacen las multas no son elevadas en relación a sus ingresos», confiesa este experto, que se muestra bastante escéptico sobre los acuerdos realizados en la lucha contra la evasión fiscal a nivel internacional debido a la existencia de los paraísos fiscales. En este sentido, recuerda que la OCDE fijó hace unos años que para salir de la lista de paraísos fiscales había que tener un acuerdo de intercambio de información con al menos doce países. «Los paraísos fiscales lo firmaron entre sí y al año siguiente ya no había paraísos fiscales en la lista de la OCDE», señala. Ante este fracaso, esta organización ahora prepara el programa BEPS con el que se obligará a las multinacionales a declarar los impuestos que pagan en cada país en el que operen. Sin embargo, Peláez considera que estos programas no solucionarán el problema de la evasión fiscal porque no incluyen «medidas legislativas coercitivas». Para acabar con estas prácticas considera necesario «elaborar una lista clara de paraísos fiscales, prohibir las filiales bancarias en esos territorios y entorpecer las actividades mercantiles en esos lugares». En su opinión, las medidas que no vayan en esa dirección «son parches que no disparan a la raíz del problema». Por eso duda de la efectividad de los acuerdos de intercambio de información automáticos.