La Audiencia fulmina las rentas vitalicias a los directivos de la antigua caja gallega
ECONOMÍA
Rebaja de 14,5 a 10,4 millones lo que pagarán Pego y Gorriarán, y deja exento a un tercero
20 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Nacional ha corregido parcialmente la sentencia original que dictó hace un año contra los exdirectivos de Novacaixagalicia por las millonarias indemnizaciones que percibieron cuando salieron de la entidad en el 2010. Lo ha hecho después de que el Tribunal Supremo aceptara algunas de las alegaciones de los condenados -José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Julio Fernández Gayoso- y obligara a recalcular la cantidad a devolver tras aquel escándalo, aunque no cambia el fondo: dos años de cárcel por administración desleal.
Esa revisión da una de cal y otra de arena a los procesados. La primera es una rebaja considerable en el dinero que tendrán que devolver por aquellos pagos. Suman ahora 10,4 millones, y solo se obliga a hacerlo a dos de ellos: José Luis Pego, con casi 6,5 millones; y Gregorio Gorriarán, con 3,9. A estos dos inicialmente se les contemplaba un reintegro de 8,6 y 5,2 millones, pero se les han suprimido algunos conceptos y se recorta la cantidad. Rodríguez Estrada, por su parte, queda exento de pagar; en el fallo previo se le reclamaban 240.000 euros. Ahora es responsable solidario, misma figura legal que Gayoso y que el abogado externo Ricardo Pradas.
Esos 10,4 millones se corresponden exactamente con las cantidades con las que esos dos directivos vieron engordados sus contratos de alta dirección antes de la fusión de Caixanova con Caixa Galicia, según consta en los informes en que se basó la sentencia. En el fallo previo -el que enmendó el Supremo- se habían sumado otra serie de conceptos hasta los 14,5 millones.
Esa es la de cal. La de arena para los procesados es que se quedan definitivamente sin sus rentas vitalicias, las que iban a cobrar pasados los 65 años, un dinero que les permitía mantener año a año (y revisable al alza) una retribución igual a su último ejercicio como alto directivo. El banco habría reservado unos 25 millones para esa finalidad. Ahora se quedan sin esas pólizas de aseguramiento millonarias que habían colado en la revisión de sus contratos en el 2010, unos contratos hechos, dice la sentencia, de espaldas al consejo. Mantendrán su pensión y su plan privado, sí, pero no esa millonaria mejora.
Cobrará el FROB
La sentencia especifica que esas cantidades las ha de cobrar el sucesor universal de la caja, es decir, la actual Abanca, en lugar de hacerlo el FROB, que fue quien puso los millones (más de 9.000) para rescatar a la antigua Novacaixagalicia. Ahora bien, aunque la Audiencia obligue a eso, será el fondo de rescate el que reciba a la postre la devolución, porque una cláusula en el contrato de compraventa de la caja detalla que lo que se recupere en este caso irá para el Estado. Es decir, si se paga (la sentencia es recurrible), el dinero lo recibirá Abanca, y esta se lo traspasará al FROB.
La acusación particular del caso Bankia pide al juez que impute a Fernández Ordóñez
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia (el fiasco de la salida a bolsa de la entidad), ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que cite a declarar en calidad de investigado al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el momento de la salida a Bolsa de Bankia, Julio Segura, tras incorporarse a la causa cuatro correos que cuestionan la viabilidad en ese momento del grupo BFA-Bankia. Se trata de la primera vez en la que se solicita tal medida sobre Segura.
La CIC pide además, y por segunda vez tras rechazar la Audiencia Nacional esta posibilidad hace solo unos días, que se llame a declarar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador Fernando Restoy; también a otros altos cargos del Banco de España como Javier Arístegui y Jerónimo Martínez Tello. Va en la línea de lo que el fin de semana declaraba en una entrevista en La Voz el abogado del sindicato
En su escrito, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el sindicato afirma que las correspondencias «demuestran el perfecto y cabal conocimiento» que la «jefatura» del Banco de España tenía «sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a bolsa de la entidad».
El supervisor recibió los correos enviados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus -quien prestó declaración como testigo en septiembre- meses antes de aquella salida a bolsa y que cuestionaban la viabilidad de la entidad por sus «muy graves y crecientes problemas de rentabilidad».
El Estado ya ha denunciado medio centenar de irregularidades en las cajas rescatadas por 3.600 millones
Tener el control efectivo de hasta una decena de entidades nacionalizadas en los últimos años le ha servido al Estado para descubrir operaciones irregulares en el seno de algunas de las antiguas cajas de ahorros. Tal ha sido la relevancia de los claroscuros hallados que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha trasladado 47 prácticas llevadas a cabo en esas corporaciones a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Entre ellas, una decena correspondientes a las antiguas Caixa Galicia y Caixanova, como las operaciones inmobiliarias conocidas en Astroc y en Seseña, con pérdidas millonarias. Hay además un puñado aparte con una investigación avanzada, desde hace años, por parte de Anticorrupción.
El presidente de este organismo público, Jaime Ponce, desveló ayer en el Congreso lo que habrían supuesto estas actuaciones sospechosas: «Un perjuicio económico» de 3.587 millones.
Desde que se constituyó el Fondo, en mayo de 2013, se han revisado 90 operaciones dudosas de las entidades en las que el FROB ha ido asumiendo la propiedad, aunque con posterioridad se haya ido desprendiendo de algunas de esas participaciones. Casi la mitad se encuentran en manos de la Justicia por usos de la banca relacionados «con el tráfico inmobiliario y las prácticas retributivas», según Ponce.
El FROB «se ha personado en 24 causas penales de las que 20 se han iniciado por denuncia de este organismo», aclaró Ponce, bien ante la Fiscalía o mediante las propias entidades durante el período en que fueron administradas por el Estado.
Juicio laboral con garantías previas a García de Paredes
El presidente del FROB aludió en su comparecencia en el Congreso al caso del absuelto en el asunto de las indemnizaciones, Javier García de Paredes, recordando que hay un proceso laboral pendiente. Ese juicio será a inicios de diciembre en A Coruña y el exdirectivo de Caixa Galicia se prestó a dar unas garantías previas, como la renuncia a una parte de sus pagos.