En la última Conferencia de Presidentes, en enero, Susana Díaz puso de relieve la necesidad de que se armonizaran los impuestos entre las distintas comunidades autónomas, señalando directamente a Madrid por hacer una competencia desleal en materia tributaria.
Pero, ¿es tan nociva la competencia fiscal? Permite que cada región pueda establecer los tipos impositivos que considere necesarios, algo que casa con las diferentes preferencias de los contribuyentes; a saber, algunos preferirán una mayor carga tributaria a cambio de mayores y mejores servicios públicos, mientras que otros optan por modelos en los que haya unos menores impuestos y una mayor libertad de elección en los servicios que desean consumir. Dada esta competencia, los contribuyentes pueden votar con los pies trasladándose a aquellas regiones donde mejor se satisfagan sus preferencias. De hecho, una armonización fiscal suele ir en contra de los trabajadores menos cualificados, que son aquellos que tienen más dificultades para votar con los pies, ya que esta da vía libre a las distintas regiones a rapiñar fiscalmente sin importar la calidad de los servicios.
Así como existe paz porque hay guerra, si no hubiera infiernos fiscales no hablaríamos de paraísos fiscales. En este sentido, Madrid es acusada por establecerse como un refugio ante el apetito recaudatorio de otras regiones. Y, ¿cómo le va a Madrid siendo un refugio fiscal? La menor tributación durante los años de la crisis le ha permitido captar 38.300 trabajadores de otras comunidades (Castilla y León perdió 32.300, por ejemplo). Asimismo, Madrid ha conseguido incrementar en 4.000 millones su recaudación por IRPF entre el 2008 y el 2014, y se sitúa como la región que más recauda por sucesiones y donaciones, a pesar de bonificar con el 99 %. Además, cuenta con la renta per cápita más elevada y la tercera tasa de paro más reducida entre las comunidades de régimen común. Los madrileños son los más perjudicados en las transferencias intrarregionales, aportando 2.717 euros de más en el año 2013 -último ejercicio con datos disponibles-.
En definitiva, la competencia fiscal entre comunidades beneficia a la población, permitiendo que, por ejemplo, y a pesar de las denuncias de Susana Díaz, muchos andaluces puedan votar con los pies y hereden sin que el impuesto de sucesiones sea un problema -en Andalucía cada día se repudian 19 herencias-. Esta es la única manera de evitar la rapiña fiscal.