Los patinazos de Magdalena Álvarez en Fomento elevan el roto de las arcas públicas con más pagos millonarios
23 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Aumentan las voces que piden que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comparezca en el Congreso para explicar el último varapalo judicial a su departamento -ayer mismo lo solicitó formalmente la coalición Unidos Podemos-En Comú-En Marea-, el que lo condena a indemnizar a Abertis con casi 1.500 millones de euros por la caída del tráfico de la AP-7 (la autopista del Mediterráneo). El fallo, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que Fomento ya ha anunciado que recurrirá, vuelve a sacar los colores a la gestión realizada por Fomento, en este caso en la etapa en la que la socialista Magdalena Álvarez ocupaba la cartera, e incrementa el roto que tendrán que soportar las arcas públicas por los patinazos de la ministra de Zapatero en lo que a las concesiones de infraestructuras viarias respecta. Y es que la factura para las arcas públicas puede elevarse hasta los 7.000 millones de euros, sumando a los casi 1.500 que los tribunales han concedido a Abertis los otros 5.500 que Seopan, la patronal de las grandes constructoras, calcula que costará el rescate público de las ocho autopistas de peaje quebradas, para el que Fomento también está buscando una salida.
La responsabilidad patrimonial
Aunque el ministerio rebaja la factura del rescate de las radiales a 3.400 millones porque reduce el importe de la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, la cuantía que debe asumir para reparar el daño causado por el bluf de dichas concesiones -cuanto más tiempo pasa desde la adjudicación menor es la compensación-, lo cierto es que el margen para resolver el problema se acaba. El Estado deberá hacerse cargo, por mandato judicial, de dos radiales de Madrid antes de julio, sin que se vislumbre acuerdo.
Así las cosas, sobre la mesa del titular de Fomento está la patata caliente heredada de la etapa de Álvarez, que incluyó en los contratos de concesión de dichas infraestructuras de peaje, tras las que están las grandes constructoras (ACS, Ferrovial, Sacyr, Abertis o Glovalvía), la citada cláusula de responsabilidad patrimonial.
Esta figura jurídica, además de obligar al Estado a hacerse cargo de las autopistas si las concesionarias desisten, le impone compensarlas por las pérdidas. Y al cepo en el que la responsabilidad patrimonial del Estado se ha convertido en el caso de las radiales hay que añadir otro error de la exministra Álvarez, que ha posibilitado la reciente -y suculenta- victoria judicial para Abertis en el caso de la AP-7.
Oídos sordos a las advertencias
El contrato con la concesionaria incluía una cláusula «de compensación», que implicaba la «desaparición del riesgo» para la empresa, ya que si el tráfico en la infraestructura caía, serían las arcas públicas las que asumirían las pérdidas. El Consejo de Estado alertó a la ministra del riesgo que entrañaba la cláusula, pero Álvarez hizo oídos sordos. Ayer, después de que su grupo solicitase la comparecencia de De la Serna, el portavoz de IU, Alberto Garzón, cargaba contra «la práctica habitual de los Gobiernos, tanto del PSOE como del PP, a la hora de firmar contratos con empresas privadas que les garantizan indemnizaciones particulares a cargo de los presupuestos públicos», y recordó que el ministro también debe dar explicaciones sobre el rescate de las radiales «todavía pendiente de definición concreta».