El Gobierno lo respalda y justifica la amnistía por la «excepcional» situación que vivía el país
10 jun 2017 . Actualizado a las 12:08 h.El Gobierno trató este viernes de levantar una doble línea de defensa tras el enorme golpe moral y de imagen que supuso la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la amnistía fiscal del 2012 (aunque no revirtió sus efectos por «seguridad jurídica»). Por un lado, el Ejecutivo respaldó al eslabón más débil, es decir, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, centro de las críticas de toda la oposición y cerca de ser la próxima víctima de una reprobación en el Congreso que ayer ya presentó el PSOE. Por otra parte, justificó la amnistía como una medida «excepcional» ante la situación «excepcional» en la que se encontraba entonces España, al borde del rescate.
«Montoro ha hecho un gran trabajo en los Presupuestos y cuenta con todo el apoyo del Gobierno», señaló ayer el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. Un respaldo que fue más allá al destacar que el titular de Hacienda fue hace cinco años uno de los responsables de sacar a España de una situación «calamitosa». Precisamente, las dificultades económicas en el 2012 fueron esgrimidas en reiteradas ocasiones por Méndez de Vigo para defender la amnistía. Así, no ahorró detalles al recordar el déficit de 93.000 millones, las facturas en los cajones sin pagar, la prima de riesgo en 500 puntos o la nacionalización de parte del sistema bancario. «Estábamos con el agua al cuello», llegó a afirmar para justificar la urgencia de aprobar la amnistía mediante un decreto ley que el Constitucional consideró un «defecto de forma».
Ninguna mención al fiasco
Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo insistió en la idea de que la debilidad que se vivía entonces «no admitía una tramitación que durara seis meses», como habría requerido un proyecto de ley. Además, Méndez de Vigo resaltó que la amnistía permitió que afloraran 40.000 millones y que 30.000 personas «tributen ahora en España». Sin embargo, omitió el fiasco que supuso para las arcas públicas una regularización que apenas generó 1.200 millones de ingresos, la mitad de lo previsto.
En cualquier caso, Méndez de Vigo emplazó a escuchar las explicaciones que Montoro dará en su comparecencia en el Congreso. El portavoz del PP en la Cámara baja, Rafael Hernando, marcó algo más de distancia y delegó en el ministro explicar «el alcance» de la sentencia. Sin embargo, admitió que la forma de tramitar la amnistía no fue la correcta. «Evidentemente, no lo hicimos bien», reconoció. E incluso apuntó que la tributación aplicada en la regularización (un 10 % que al final se quedó en un 3 %) «podría haber sido más alta», aunque insistió en que el margen de maniobra era escaso por el «déficit brutal».
Sin embargo, los argumentos económicos esgrimidos ayer por el Gobierno hasta la saciedad ya fueron refutados por el Tribunal Constitucional.
Un derecho fundamental
De hecho, el fallo aclara que la necesidad de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria debe estar «dentro de los límites y con respeto a las exigencias que la Constitución impone». En este caso, considera que la alteración «sustancial» mediante un mero decreto ley de un derecho fundamental como es «la obligación de todos al sostenimiento del gasto público» vulneró la Carta Magna. Asimismo, la sentencia también rechaza «las experiencias de otros países» sobre procesos de regularización para justificar la amnistía.
Crece la presión
A quien tampoco convencieron los argumentos del Gobierno fue a la oposición, que ayer redobló la presión sobre Montoro. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, presentó una proposición no de ley con la reprobación del responsable de Hacienda. En concreto, el escrito justifica la medida al acusar al ministro de «haber beneficiado a los defraudadores» con la amnistía, «vulnerando los principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones». Asimismo, el documento insiste en que la amnistía aprobada por el Gobierno del PP fue en contra de los «principios de capacidad económica y justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles».
El PSOE argumenta en el escrito que la amnistía fiscal no solo dificultaba la lucha contra el fraude fiscal, sino que «obstaculizaba la lucha contra la corrupción». La intención de los socialistas es que la cuestión pueda votarse a finales de junio.
La reprobación tiene muchos visos de salir adelante y se sumaría a la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace unos días. Una imagen más del desgaste y la debilidad actual del Gobierno.