Cuando la tormenta perfecta de la crisis bancaria ya parecía haber amainado, el jueves nos despertamos con una secuela: el Santander se hacía con Banco Popular y, en consecuencia, con el Banco Pastor, dejando yermo el sector financiero propio en Galicia. La operación se llevará por delante, si la razón no lo impide, una marca bancaria que se originó en 1776, el mismo año en que las colonias que luego conformarían los Estados Unidos declararon su independencia y que había sobrevivido a la fusión-absorción de 2012.
La trascendencia del asunto, como en tantos otros, tiene varias perspectivas, unas particulares y otras colectivas. En lo particular, los accionistas han visto desaparecer su inversión, no por una quiebra bancaria, sino por una pérdida de liquidez, un fantasma temido en el sector, sobre todo por lo que puede afectar ya no a la entidad que la sufre, sino al resto. Al fin, los comportamientos económicos, incluso en la era del algoritmo electrónico, dependen del factor humano y el miedo es libre y se contagia con rapidez. Quizá haya que recordar que desaparece un banco que no había quebrado, sino que presentaba un problema -serio- de liquidez. Quizá haya que preguntar si el supervisor supervisó y cómo la entidad (me refiero ahora al Popular) que llegó a ser el banco más rentable de España, en tiempos de la sobria gestión de los Valls-Taberner, devino a esta suerte. Quizá convenga desempolvar los informes de la agencia británica de calificación IBCA que, en 1993, lo encumbraba como el más rentable del mundo, por quinta vez. Quizá sea pertinente que se explique por qué las acciones se han volatilizado en lugar de contabilizarse -incluso a valor ínfimo- para integrarse en la masa accionarial del comprador. Gestores y supervisores habrán de rendir cuentas, sin duda, pues nadie despide alegremente su inversión sin que se le explique por qué, no habiendo quiebra, se ha volatilizado. Y, quizá, esos accionistas y bonistas del Popular tengan interés en saber por qué su inversión no merece el mismo tratamiento que la de sus homólogos del Monte dei Paschi di Siena.
En lo colectivo, que es algo más que la mera agregación de los intereses individuales, la desaparición definitiva del Popular-Pastor puede tener unas consecuencias mucho más trascendentes. En primer lugar, el destino de los alrededor de dos mil empleados de la entidad, de sus puestos de trabajo, de su futuro y el de sus familias. Y, a partir de ahí, la desaparición de una entidad financiera vinculada desde sus orígenes al desarrollo económico e industrial de Galicia y de A Coruña y su comarca. Era el Popular, como el Pastor, una entidad fuertemente vinculada al desarrollo económico en su acción comercial, miles de pequeñas y medianas empresas han expandido sus negocios con el apoyo financiero de la entidad. En lo más grueso, como banca industrial, el Pastor, desde su fundación, protagonizó operaciones de soporte financiero, incorporándose al accionariado de las sociedades más relevantes en todos los sectores estratégicos de Galicia: la construcción naval, el conservero, la cerámica, la hostelería, la energía eléctrica, el sector agroalimentario, entre otros muchos. El Pastor estuvo detrás de la aparición de Industrias Gallegas, S.A., el que se puede calificar de primer holding empresarial de Galicia, constituido en 1933. La historia económica de Galicia de los últimos 150 años no se puede explicar sin la presencia del Banco Pastor En estos momentos en que nos planteamos una visión metropolitana del transporte, tal vez sea pertinente recordar que fueron el Pastor y Pedro Barrié de la Maza quienes, en 1922, con su apoyo a la Compañía de Tranvías de La Coruña, consiguieron la apertura de la línea del Tranvía de Sada.
En lo colectivo, en interés de Galicia, alguien debería explicar por qué diez años atrás tenían su sede en A Coruña, verdadera capital financiera de Galicia, el Banco de Galicia, el Banco Gallego, el Banco Etcheverría, Caixa Galicia y el Banco Pastor. El soporte financiero del desarrollo económico y social de nuestra ciudad y de Galicia, debería haber encontrado apoyo en las instituciones políticas del país, que hubieran encontrado una oportunidad magnífica de legitimarse defendiendo intereses colectivos frente a decisores ajenos, de Madrid, de Bruselas y de Fráncfort, con quienes, para lo que interesa, se reclama el partenariado ideológico y partidario. En todo caso, el silencio de supervisores, reguladores y responsables políticos no podrá durar mucho. Estoy seguro de que todos los afectados, en lo personal y en lo colectivo, en un juzgado o en una tribuna, lo van a frustrar. Son malos tiempos para los que no están acostumbrados a rendir cuentas. Galicia no lo va a consentir.