Aprueba bonificaciones fiscales que ahorran 1.900 millones en impuestos a las armadoras
06 sep 2017 . Actualizado a las 12:39 h.España, con Galicia al frente, fue en el 2016 el tercer país de la UE que consiguió contratar más buques. Esta posición de liderazgo se ha reforzado en lo que va del 2017, gracias al tirón de los astilleros gallegos, que en el primer semestre se han apuntado ocho de los 17 contratos de nuevos buques firmados en España (otros seis se fueron a Asturias y los tres restantes, al País Vasco).
Las cosas empiezan a ir bien, y eso no gusta a los países vecinos, que creían neutralizada la competitividad de los astilleros gallegos, después de la crisis del tax lease (denuncia de los socios comunitarios por ayudas de Estado al sector, que tardó cuatro años en resolverse a favor de España). La rápida remontada, y la pujanza comercial que está demostrando la industria gallega vuelve a aparecer como una amenaza para las dos grandes potencias del sector en Europa: Holanda y Noruega, que empiezan a movilizarse.
Los Gobiernos de Noruega o de la propia Holanda ya incentivan la construcción naval con bonificaciones y ayudas que llegan hasta el 70 %: es decir, casi el triple de lo que estos países consideraron competencia desleal por parte de los astilleros españoles cuando los denunciaron en el año 2011.
Pero necesitan más. El paso adelante lo acaba de dar el Ministerio noruego de Finanzas, al aprobar las bases de un agresivo tax lease que da respuesta a la demanda del sector de una herramienta para poder competir contra España. «Los países con los que competimos tienen mejores esquemas que nosotros. Contratos de las propias navieras noruega para buques de pesca o de pasaje se están yendo a Turquía y España», argumenta el Maritimt Forum Nordvest, la patronal del sector noruego.
Hasta el 2026
«No tenemos suficientes esquemas de financiación. España tiene, entre otras cosas, un acuerdo de financiación, que es el tax lease, que asegura el éxito de las misiones comerciales de los astilleros», ha añadido esta organización, que ha logrado el apoyo del Gobierno en sus reivindicaciones.
El resultado es el nuevo régimen fiscal especial para las compañías navieras noruego, que, según consta en un documento de 45 páginas, entró en vigor el pasado 1 de julio y tiene un período de vigencia hasta el 2026, prorrogable.
La batería de medidas fiscales que incluye para todo tipo de grandes buques, incluidas las plataformas de aerogeneradores, eleva la previsión de ahorro en impuestos para las armadoras que construyan barcos en Noruega en 1.900 millones de euros hasta el 2026.
La amenaza es seria. Distintas fuentes consultadas del Ministerio de Hacienda español y del naval gallego aseguran desconocer el contenido, pero sí saben que Noruega está trabajando en una nueva fiscalidad. Se emplazan a analizar la cuestión en próximas asambleas de Aclunaga (el clúster gallego del naval) y Pymar, la organización de pequeños y medianos astilleros.