Méndez y Gayoso, llamados en febrero a acudir al Congreso por la crisis de las cajas
21 dic 2017 . Actualizado a las 17:05 h.Los que fueron máximos responsables de las dos cajas gallegas, José Luis Méndez, de Caixa Galicia, y Julio Fernández Gayoso, de Caixanova, han sido citados el 6 de febrero en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario. El objetivo es que expliquen su gestión en las entidades que pilotaban y que acabaron primero fusionándose en el 2010 y, después, recibiendo una inyección de dinero público de 9.000 millones de euros.
Gayoso está en régimen de semilibertad desde el pasado agosto ?ingresó en prisión en enero, condenado a dos años de cárcel en el caso de las prejubilaciones millonarias de la excúpula de Novacaixagalicia?, además de investigado en otras causas penales en la Audiencia Nacional, por la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja. Mientras, Méndez permanece alejado de los focos desde que salió de Caixa Galicia en el 2010.
El 6 de febrero está citado también Mauro Varela, expresidente de Caixa Galicia.
En lo que respecta a la situación procesal del expresidente de Caixanova, según confirmaron el miércoles las fuentes consultadas, tanto él como el resto de los investigados en el caso Promalar han recurrido el auto del magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que les impuso una fianza civil de 80 millones de euros para cubrir ?en caso de ser condenados? el quebranto económico causado a la entidad financiera con la concesión de créditos irregulares otorgados hace una década al grupo vigués Promalar para hacerse con la conservera Alfageme.
El juez ordenó la imposición de dicha medida cautelar a todos los investigados en la causa, es decir, además de a la antigua cúpula (Julio Fernándéz Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Domingo González Mera), también a José Benito Parente, director general de la oficina principal de Caixanova en Vigo; al empresario Juan Lago Pérez, y a Manuel Ardid y Manuel Ansede, respectivamente arquitecto y director de Tasagalicia. Todos ellos deberán responder «conjunta y solidariamente» del depósito de los 80 millones exigidos por el juez. De no consignar el dinero, se procederá al embargo de sus bienes, una situación que no es nueva para los exbanqueros gallegos condenados.
El FROB dice que la «incapacidad» de los gestores del Popular para resolver la crisis venía de lejos
La resolución del Banco Popular volvió a ser el miércoles uno de los temas principales de la última sesión de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. Entre los comparecientes de la jornada estuvieron el presidente del FROB (el fondo público de rescate bancario), Jaime Ponce, y su antecesor, además del exsubgobernador del Banco de España Fernado Restoy.
Ambos defendieron la actuación de la JUR, el organismo europeo encargado de resolver el banco, indicando que se tomó la mejor opción posible, insistiendo en el ya conocido argumento de que no tuvo coste para el contribuyente ni puso en riesgo el sistema financiero. Ponce, de hecho, se refirió a la «incapacidad» de los gestores del Popular para resolver la crisis de la entidad, y aseguró que no había sobrevenido la noche del 6 de junio (fecha de su venta al Santander), sino que se arrastraba desde hacía meses.
El responsable del FROB también negó injerencias políticas, en respuesta al portavoz del PSOE, Pedro Saura, quien aseguró que «la agenda de De Guindos está en todo lo que pasa en nuestro sistema financiero, particularmente en el caso Popular y en la venta del 7% de Bankia».