Desde hace tres años no se detecta un solo caso en la comunidad con la mayor cabaña
09 mar 2018 . Actualizado a las 15:36 h.La que para muchos fue la crisis agroalimentaria más importante del último medio siglo en el mundo empezó en Galicia un 22 de noviembre del año 2000. Miguel Arias Cañete, entonces ministro de Agricultura, confirmaba el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en España en una res de Carballedo (Lugo) y el anuncio desataba una tormenta sin precedentes en el sector cárnico. La ausencia de estudios rigurosos y de protocolos de actuación e informaciones contradictorias que se iban sucediendo provocaron una psicosis entre los consumidores que desplomó el consumo de carne vacuna a mínimos históricos, hasta el punto de que los productores ni siquiera encontraban compradores para sus reses.
Los mataderos colapsaron por la gestión del denominado material específico de riesgo (médula, cabeza y varia casquería); los ganaderos afectados vieron cómo se sacrificaban todos los animales de sus granjas y se puso en tela de juicio toda la política europea sobre seguridad alimentaria en vigor.
Hay que remontarse hasta 1995 para encontrar las primeras evidencias científicas de que la EEB podía transmitirse a los humanos al comer carne infectada. Este consumo producía una enfermedad neurodegenerativa irreversible -una proteína infecciosa, llamada prión, transforma las proteínas sanas en dañinas alterando su forma- que acababa con la vida del enfermo. También se constató que la aparición de la enfermedad en el ganado bovino venía motivada por la utilización de materias primas de origen animal en la fabricación de piensos.
En este sentido, si algo trajo de bueno la aparición del mal de las vacas locas fue la puesta en marcha de mayores controles sobre la elaboración de productos destinados a la alimentación animal y la homogeneización de los controles sobre los productos cárnicos en el continente. A partir de ese momento empezó a hablarse de la trazabilidad, del control integral de la salubridad de un producto desde el momento de su producción hasta que llega al consumidor final.
También se pusieron en marcha nuevas normativas sobre identificación y movimiento de ganado vivo e incluso un servicio de recogida de cadáveres de animales en las explotaciones que deben costear las granjas -la mayoría tienen suscrito un seguro- que se sigue manteniendo a día de hoy.
La aparición de la EEB también elevó las inspecciones en las salas de matanza. Primero con análisis a todas las reses mayores de 12 meses, a las que se les extraía la médula espinal -principal transmisor de un posible contagio-, y después ampliando esta edad hasta los 24 una vez se rebajó el nivel de positivos y se fueron conociendo nuevos datos sobre la transmisión de la enfermedad. Actualmente, solo se analizan los animales de más de 30 meses que procedan de países de riesgo o hayan tenido relación directa con ellos.
Desde mayo del 2016, España está incluida en la relación de países donde el riesgo de EEB es insignificante, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). De hecho, desde el 2013 la prevalencia de la enfermedad ha ido cayendo y el año pasado solo se detectaron tres casos: dos en Cantabria y otro en Salamanca. Esta clasificación sanitaria posibilita acuerdos comerciales con otros países para exportar tanto bovinos vivos como sus despieces cárnicos. En Galicia, pese a contar con la cabaña vacuna más importante del Estado, no se han confirmado casos de animales enfermos desde junio del 2014.