Un juzgado madrileño ordenó la ejecución contra una joven por 18.000 euros
15 may 2018 . Actualizado a las 07:29 h.Los Préstamos Renta Universidad, que antes de que estallara la crisis diseñó el Ministerio de Educación para facilitar a los jóvenes financiación para completar con posgrados y másteres sus estudios universitarios y, en consecuencia, asegurarse -o facilitar, al menos- el acceso a una carrera profesional bien remunerada, han acabado por convertirse en una pesadilla para muchos de sus beneficiarios. Es el caso de una joven madrileña, protagonista del primer embargo judicial dictado por el impago de uno de estos créditos.
Según informó ayer la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid dictó una orden general de ejecución por la cantidad de 18.000 euros contra una joven que recibió uno de los créditos del ministerio. El juez tomó tal decisión -la primera que se conoce- tras la demanda de la entidad prestataria, Unicaja, que le reclamaba la devolución de algo más de 14.400 euros del préstamo y los intereses ordinarios y moratorios vencidos, además de otros 4.300, «que se fijan provisionalmente en concepto de intereses y costas».
La joven, que ha sido madre recientemente, se enteró del procedimiento en su contra, que se desarrolló sin su conocimiento, al comprobar que el banco le había embargado sus ahorros, según explicó el colectivo, ya que el ministerio no la avisó de la existencia de la reclamación judicial ni la entidad financiera pidió a Educación su dirección a efectos de notificaciones.
El origen del problema está en los créditos que el Gobierno de Zapatero tuvo en marcha entre los años 2007 y 2011, a través de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), emulando los préstamos universitarios norteamericanos. Inicialmente, su interés era cero y los estudiantes podían prorrogar la amortización si sus ingresos no superaban los 22.000 euros anuales. Pero las condiciones se fueron endureciendo y el estallido de la crisis hizo que muchos de los beneficiarios -se concedieron más de 10.000- no pudieran devolver lo recibido.
El colectivo de afectados critica que en convocatorias sucesivas Educación eliminara el umbral de devolución de 22.000 euros «sin informar del cambio de naturaleza de los préstamos», lo que ha hecho que los bancos colaboradores hayan comenzado a reclamar «a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso los están incorporando a ficheros de morosidad».
Con fondos públicos
La asociación apostilla que los créditos se concedieron con fondos públicos canalizados a través del ICO, «limitándose las entidades financieras a formalizar las operaciones», y responsabilizan a la «desidia» de Educación de que «los bancos se estén lucrando con dinero público, a pesar de las muchas advertencias realizadas y de la reclamación colectiva que la asociación presentó a finales del 2016». Sin embargo, desde el ministerio sostienen que los créditos los concedían las entidades bancarias y no Educación y que el Gobierno del PP «los eliminó porque consideró que eran una trampa para los estudiantes».
El abogado ha pedido la nulidad de las actuaciones, porque la orden de embargo es firme
El abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, Miguel Ángel Llamas, solicitó ayer mismo la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, ya que contra la resolución de embargo no cabe recurso.
Según explicó el letrado, «es manifiestamente ilegal que un banco pueda embargar a una persona con base en un préstamo concedido por el ministerio con fondos públicos. Confiamos en que el juzgado declare la nulidad de las actuaciones, tal y como hemos solicitado al personarnos, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal que se diriman. Es muy grave que un banco se apropie indebidamente del dinero de una persona falseando derechos de naturaleza pública que pertenecen a la Hacienda estatal».
Reunión con Méndez de Vigo
Por otra parte, el colectivo de afectados ha solicitado también una reunión de urgencia con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con el objetivo de buscar una solución al problema. Se trata -explican- de evitar la judicialización y de cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado año aprobó sin ningún voto en contra una proposición que asumía las demandas de los damnificados. La plataforma de afectados aún no han tenido respuesta del ministerio.