El juez da carpetazo a las preferentes de Caja Madrid y remite a los afectados a la vía civil

Carpetazo a la estafa de las preferentes de Caja Madrid tras una instrucción que ha durado casi cinco años, sin que en el último de ellos se practicara diligencia alguna. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, acordó este viernes archivar la causa penal contra la antigua cúpula de Caja Madrid y de Bancaja -desaparecidas e integradas en Bankia- por considerar que los responsables de las entidades financieras no diseñaron los polémicos híbridos con el objetivo de estafar a los pequeños ahorradores para ocultar la insolvencia en la que se encontraban. Sin embargo, aunque no aprecia responsabilidad penal, sí señala la vía civil a los perjudicados por la mala comercialización de estos híbridos.

El magistrado dictó el auto de archivo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que en su último informe, fechado el lunes de esta misma semana, sostiene que durante la instrucción «no ha quedado acreditado» que las entidades emitieran participaciones preferentes «con el objeto de engañar a los inversores de forma global, a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión». De hecho, subraya que «tal posibilidad no era siquiera fácilmente predecible en el 2009 [fecha de la última emisión de preferentes de Caja Madrid, por importe de 3.000 millones, en la que se centra la investigación], sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después». 

No dieron instrucciones a la red

El ministerio público también destaca en su escrito que tampoco ha quedado acreditado, ni por vía testifical ni documental, que los comerciales de las entidades «recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados», es decir, entre pequeños ahorradores sin conocimientos financieros, para los que están desaconsejados y por lo que se exige un test de idoneidad. Es más, la Fiscalía apunta que los contratos de estos instrumentos híbridos (preferentes y deuda subordinada) se formalizaron, «por lo general, adecuadamente, sin perjuicio de los defectos detectados por la CNMV y que la entidad corrigió siguiendo las indicaciones del supervisor».

Por todo lo anterior, Andreu decidió el viernes cerrar la vía penal que se abrió el 10 de junio del 2013, al admitir a trámite la querella presentada por el extinto partido de Rosa Díez y Andrés Herzog, UPyD, contra las cúpulas de las entidades financieras ya desaparecidas. Este procedimiento era uno de aquellos en los que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y el 2010, estaba incurso el pasado verano, cuando falleció, extinguiéndose así cualquier responsabilidad penal.

En el auto, en el que el magistrado reproduce el informe de la Fiscalía, se recuerda que en diciembre del 2013 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya centró el objeto de la pieza separada que ahora se archiva, circunscribiéndola exclusivamente a «la planificación llevada a cabo por las personas que componían los órganos directivos de las entidades querelladas para capitalizarlas con la venta de participaciones preferentes», es decir, que se trataba de determinar si, «para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera el deterioro patrimonial que sufrieron, Caja Madrid y Bancaja [luego integradas en Bankia] utilizaron las preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la insolvencia en la que se encontraban».

Y la conclusión es que las emisiones de preferentes investigadas no fueron diseñadas por los gestores para ocultar la insolvencia y estafar a los inversores, sino que se realizaron «en el marco de una política de gestión del capital», señala la Fiscalía.

Tanto es así que los preferentistas de la emisión de Caja Madrid del 2004 «obtuvieron sin problemas la ganancia prevista», mientras que la última emisión -del 2009- «ni fue una decisión aislada de Caja Madrid ni desconocida por las autoridades regulatorias y supervisoras», que la «autorizaron expresamente». Además, el folleto de esta «destacaba» los factores de riesgo. Por ello, asegura, «no puede afirmarse que la emisión de preferentes entre minoristas con el objeto de mejorar la capitalización de la entidad fuera en sí misma delictiva, ni siquiera que revistiera alguna irregularidad significativa». 

Vía penal o civil

Así, pese a que no hubo «designio criminal para colocar el producto a sabiendas de que iba a arruinar a los inversores», el fiscal reconoce que los minoristas «han sido los principales perjudicados» y que «ha podido haber graves deficiencias en la comercialización del producto», por lo que remite a los afectados a defender sus intereses «mediante acciones penales o civiles».

La acusación popular no ha decidido todavía si recurrirá la decisión

«No sé todavía si vamos a recurrir el archivo o no. Tenemos que estudiar con detenimiento el auto y luego decidiremos». Así se manifestaba en la tarde del viernes Andrés Herzog, el abogado director de la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que tomó el testigo de UPyD en las causas abiertas en la Audiencia Nacional, como la de las tarjetas black de Caja Madrid, las preferentes o la salida a bolsa de Bankia.

Para interponer recurso de reforma ante el mismo juzgado dispone de un plazo de tres días, que se eleva a cinco si es de apelación ante la instancia superior, es decir, la Sala de lo Penal. Aunque la decisión aún no esté tomada, Herzog se mostró muy crítico no solo con el archivo de la causa, sino también con el desarrollo del procedimiento y, en especial, con la actuación de la Fiscalía. «Ha sido un buen trabajo del fiscal, en el sentido contrario de lo que se supone que es la defensa de los intereses de la ciudadanía», ironizó, criticando que se limitara a la cúpula el objeto de la investigación y se excluyera la comercialización de las preferentes.

«Además, rechazaron la práctica de muchas diligencias y dejaron el caso en vía muerta durante un año», sostuvo. 

Bankia devolvió 2.800 millones

En lo que respecta a los afectados por la mala comercialización de las preferentes y la deuda subordinada de las antiguas siete cajas que dieron lugar a Bankia, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha devuelto durante los últimos seis años 2.800 millones de euros a más de 170.000 personas, lo que supone casi el 75 % de los clientes minoritarios perjudicados en su día por la compra de dichos productos.

Según fuentes de la entidad, el grueso de las devoluciones se realizó a través del proceso de arbitraje promovido por el ministro De Guindos y desarrollado por Bankia en el año 2013. De dicho arbitraje se beneficiaron más de 137.000 personas, que recibieron 1.100 millones de euros.

A estos se suman otros 1.700 millones recuperados por 33.000 clientes, titulares de híbridos, que reclamaron su inversión recurriendo a la vía judicial.

El corralito español

Los bancos y cajas de ahorros colocaron un elevado número de participaciones preferentes a sus clientes. Aunque se trataba de un complejo producto financiero, lo vendieron a muchos ahorradores que no eran conscientes del riesgo que asumían confiándoles su dinero. En el momento álgido llegaron a alcanzar los 30.000 millones, atrapando a casi un millón de personas en todo el país. Unas 120.000 de ellas en Galicia, entre preferentes y obligaciones subordinadas.

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