La antigua cúpula de Caixanova encaja otro varapalo de la Audiencia Nacional

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

benito ordoñez

Confirma los 80 millones de fianza para Pego y Gorriarán por el caso Alfageme

30 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha asestado otro duro golpe a la antigua cúpula de Caixanova. Ha desestimado los recursos de José Luis Pego y Gregorio Gorriarán, ex director general y ex director general adjunto respectivamente, contra la fianza de 80 millones que les impuso el juez José de la Mata, responsable de la instrucción del caso Alfageme, que investiga la concesión irregular de varios créditos al grupo Promalar hace una década para hacerse con la conservera y otorgados exclusivamente por las relaciones personales existentes entre Alfageme y la caja, sin importar el quebranto para esta última.

En dos autos diferentes, la sala confirma no solo la medida recurrida, sino también su elevada cuantía, para «asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso». La resolución es firme.

La Sala de lo Penal es especialmente dura en el auto en el que tumba el recurso de Gorriarán, alineándose con la postura de la Fiscalía y del Abogado del Estado (la investigación arrancó después de que el FROB remitiera el caso a Anticorrupción). «Basta una lectura detenida del auto recurrido para comprobar que existen suficientes indicios para considerar que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de administración desleal, de un delito de otorgamiento de contrato simulado y de otro de blanqueo de capitales», señala, y subraya más adelante: «No nos encontramos ante meras sospechas, especulaciones o conjeturas sin fundamento, sino ante verdaderos datos que, por su solidez, y sin perjuicio de la valoración que pueda efectuarse en el momento oportuno, pueden ser consideraros verdaderos indicios de criminalidad, que son suficientes para el establecimiento de la medida cautelar impugnada»

Recuerda, además, que en esta fase inicial del proceso penal «la simple aparición de indicios de criminalidad» permite, «y obliga», al instructor imponer la fianza «a fin de garantizar el pago de la responsabilidad civil derivada del delito que pudiera ser finalmente declarada procedente».

En los razonamientos jurídicos advierte también del riesgo de que Gorriarán, aprovechando su «experiencia profesional y sus acreditados conocimientos financieros», use a su favor el tiempo que transcurra hasta la resolución definitiva del proceso para «ocultar» su patrimonio. «Es peligro suficiente para que deban ser adoptadas estas medidas cautelares».

Los argumentos de los magistrados para confirmar el rechazo al recurso de Pego son similares, aunque menos extensos y duros.

El juez De la Mata acordó en noviembre del 2017 la imposición de la fianza, a la que debían hacer frente de forma solidaria todos los investigados en el caso: desde el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso hasta Domingo González Mera, ex subdirector general, Pego y Gorriarán, pasando por Juan Lago Pérez, el empresario y administrador de Promalac, que recibió hasta 135 millones en créditos entre el 2005 y el 2009 para comprar Alfageme. Se les suman otros tres encausados más. Los exresponsables de Caixanova fueron los primeros banqueros que entraron en prisión tras la crisis. Es el tercer caso al que se enfrentan en la Audiencia Nacional.