Las empresas gallegas, a la cabeza en la regularización de falsos autónomos

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

CAPOTILLO

Coren mete en plantilla a 1.100 cooperativistas de Servicarne que trabajan para el grupo

31 jul 2018 . Actualizado a las 19:59 h.

Para una empresa, trabajar con falsos autónomos es la manera más barata de incrementar la plantilla sin tener que pagar cargas sociales. No es un invento de ahora. La novedad reside en la persecución de esta fórmula de empleo iniciada en la última etapa del anterior Gobierno, y el endurecimiento de las sanciones a las que se exponen los empresarios.

Grandes y pequeñas compañías, algunas a instancias de Empleo, algunas expedientadas ya y otras por iniciativa propia, empiezan a regularizar esta situación. Y eso es lo que ha hecho también el grupo gallego Coren, con su decisión, efectiva a partir de mañana, 1 de agosto, de integrar en la plantilla a 1.100 trabajadores autónomos -que, según la compañía, ya venían desarrollando su actividad para las distintas empresas del grupo, tanto en Ourense (Santa de Cruz de Arrabaldo) como en Porriño (Frigolouro) y Lugo (Novafrigsa)- como socios trabajadores, autónomos o integrantes de la cooperativa de trabajo asociado Servicarme.

«Coren defiende la legalidad de la cooperativa de trabajo asociado Servicarne»

Esta decisión «responde a las actuaciones iniciadas a nivel nacional por la Administración contra las cooperativas de trabajo asociado, y afecta a la mayoría de las empresas del sector cárnico español», afirmó el grupo gallego.

Cooperativas bajo sospecha

De hecho, la medida viene precedida de una investigación abierta por la Inspección de Trabajo a Servicarne que concluyó que esta cooperativa, que es la mayor proveedora de mano de obra del sector cárnico en España, no funciona como tal.

En todo caso, el grupo gallego ha querido aclarar que «Coren, al igual que las más importantes empresas del sector, defiende con rotundidad la legalidad de la cooperativa de trabajo asociado Servicarne, que hasta el momento ha contado siempre con el respaldo de todos los tribunales».

La compañía que preside Manuel Gómez-Franqueira aclaró que el grupo Coren, las principales empresas del sector y la Administración deberán aclarar en vía judicial la legalidad o no de la cooperativa Servicarne, «en la confianza de que, tal y como así ha venido sentenciándose hasta la fecha, se concluya que es legal».

Los sindicatos UGT y CC. OO. avanzaron que, a partir de ahora, se abrirá un proceso de negociación con Coren sobre la incorporación a la plantilla con carácter retroactivo de los 1.100 trabajadores hasta ahora autónomos.

Miles de falsos autónomos

Según las principales organizaciones de trabajadores por cuenta propias en Galicia se eleva a más de 7.000 el número de autoempleados que facturan para una única empresa, de la que dependen el 100 por 100 de sus ingresos. Actualmente existen más de 200.000 personas que desarrollan su actividad profesional en España bajo la figura del falso autónomo, según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).

CC.OO. y UGT negociarán con la empresa el carácter retroactivo de la incorporación

Desde enero de este año, las sanciones que prevé la ley de infracciones cuando Inspección detecta que uno o más trabajadores no están dados de alta -se considera que, aunque estén afiliados al RETA, no trabajan como autónomos- se han incrementado hasta el punto de que ya prevén penas de cárcel. Hay distintos niveles de fraude y, según la Seguridad Social, las sanciones oscilan entre los 3.000 y 10.000 euros.

¿Qué responsabilidad tienen los autónomos que consienten en esta fórmula? Según Empleo, hasta ahora eran considerados víctimas, pero también eso puede cambiar. «Un autoempleado que acepta trabajar como falso autónomo tiene que tener en cuenta que a él también se le puede sancionar. Si bien, casi siempre, la responsabilidad se exige solo a los empleadores», afirma.

El autoempleo irregular le cuesta al Estado 776 millones al año

Ofrecer un empleo a un trabajador autónomo para luego integrarlo en la empresa como si estuviera en nómina es una irregularidad laboral.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) dice que, solo en cotizaciones, los empresarios españoles que utilizan esta fórmula de empleo se ahorran 562 millones de euros al año, esto es, que cada falso autónomo le cuesta a la Seguridad Social casi 2.700 euros, al no pagar las cuotas que le habrían correspondido.

Si atendemos a lo que dicen algunos abogados y asesores, el fraude se dispara hasta los 776 millones anuales, mientras que, por el contrario, con los cálculos de ATA baja a casi 268 millones, una suma, en cualquier caso, considerable.

Para hacer esas cálculos, las organizaciones de autónomos han tenido en cuenta la cantidad de personas en situación laboral irregular (la cifra varía para cada una de ellas), el sueldo más común de los asalariados y que, por tanto, les correspondería en realidad (casi 16.500 euros anuales), el ingreso medio en la Seguridad Social de un trabajador del régimen general (el 28 % de su retribución) y la cotización mínima de los autónomos (278 euros). En consecuencia, si hubiera 210.000 falsos autónomos el sistema dejaría de ingresar más de 287 millones en seguros sociales cada ejercicio, y 137 millones si fueran 100.000.

Desde Uatae reclaman al Gobierno (lo hicieron con el de Rajoy y ahora con el de Pedro Sánchez) que «redoble los esfuerzos», también en efectivos, puesto que en el 2016 (no hay datos del 2017) la Inspección solo identificó 3.000 casos de falsos autónomos, que se enfrentan a multas de entre 3.000 y 10.000 euros, además de abonar las cotizaciones reales de los últimos cuatro años y un recargo.

Una de los coladeros para encubrirlos es la figura legal de los trabajadores autónomos dependientes económicamente (Trade), aquellos que reciben de una misma empresa más del 75 % de sus ingresos anuales.

La diferencia sustancial para distinguirlo del falso autónomo es que los del régimen Trade tienen que disponer de su propio material y desarrollar la actividad laboral con criterios organizativos propios. Por eso, en la práctica, difícilmente buena parte de los trabajadores de las grandes plataformas de economía colaborativa podrían estar adscritos a esa categoría.