Alcoa recibió 500 millones del Estado desde su primera amenaza de cierre, en el 2014

La multinacional del aluminio Alcoa se ha embolsado solo en los cuatro últimos años alrededor de 500 millones de euros públicos para abaratar su abultada factura de la luz y hacer así competitivas sus tres fábricas españolas. Pero ahora quiere cerrar dos de ellas, la de A Coruña y la de Avilés, antes de que acabe el 2018, y dejar en la calle a sus casi 700 empleados en plantilla, con el argumento de que no son rentables porque han perdido, dice, 100 millones entre ambas solo en los dos últimos ejercicios.

Esos 500 millones los obtuvo la compañía con sede en Pittsburgh (EE. UU.) en las subastas de interrumpibilidad, que convoca el Gobierno para repartir incentivos eléctricos entre las industrias. La primera puja se celebró a finales del 2014 -fue cuando Alcoa comenzó a lanzar sus amenazas de cierre porque los fondos eran insuficientes- para adjudicar el dinero del que dispondrían las compañías al año siguiente, o sea, en el 2015. La empresa logró en esa primera puja 140 millones para sus tres plantas, según cálculos realizados en su momento por este periódico a partir de información facilitada por los comités de empresa. Porque los resultados oficiales detallados de las subastas, beneficiario a beneficiario, son confidenciales. Al año siguiente, en el 2016, Alcoa se hizo con otros 100 millones, que crecieron a 150 en el 2017. El último ejercicio, hasta el momento, el 2018, es el más rácano de todos, pues los incentivos rondan los 80 millones.

La multinacional suele llevarse en las pujas en torno al 30 % de los fondos totales en liza, porcentaje confirmado ayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El presupuesto para interrumpibilidad ronda los 500 millones anuales, salvo este 2018, cuando el Gobierno partió en dos la convocatoria, y el dinero quedó reducido a algo más de 300 millones. Estas partidas, por cierto, forman parte de los costes regulados del sistema eléctrico y, como tales, son sufragados por todos los consumidores de electricidad a través de la factura de la luz.

Sin incentivos no hay industria

En Galicia también se benefician de la interrumpibilidad otras empresas como Megasa, Ferroatlántica, Finsa, SGL Carbón y Celsa, entre otras. Alcoa, como el resto de grandes industrias representadas en AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía), defiende este sistema público de retribución como garantía de supervivencia de las fábricas, ya que los incentivos abaratan sus costes energéticos y les permiten competir en el resto de países europeos. De hecho, existen mecanismos parecidos por Europa adelante. «La industria del aluminio es así, requiere incentivos», incidieron fuentes de la compañía. Y añadieron: «En comparación con nuestras competidoras europeas, nunca hemos tenido un trato preferencial en este país». La multinacional rechaza de plano recibir algún «subsidio energético», ya que, recuerda, presta un servicio al sistema a cambio de recibir esos fondos para aliviar sus costes. Formalmente, así es. Las empresas que se adjudican megavatios hora bonificados en las subastas están a disposición de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema nacional, para ver cómo se corta su suministro eléctrico. Hasta este año, este servicio, que lleva el mismo nombre que las pujas, se activaba básicamente para evitar apagones. Por ejemplo, si fallaba una central de generación eléctrica, REE garantizaba la seguridad del suministro a los consumidores reduciendo consumo a las empresas anotadas en este servicio. Desde este año, también se echa mano de él para abaratar indirectamente el precio de la electricidad.

El anuncio de cierre de las dos fábricas se produce después de dos años seguidos de pérdidas. Al menos esa es la versión de la compañía, que los trabajadores no se creen. Según Alcoa, entre ambas suman este año un roto de 75 millones; y de 26 el pasado.

Las dos plantas elaboran aluminio primario. De la quema se libra el complejo industrial de Alcoa en San Cibrao. Ahí hay una fábrica también de aluminio primario, que es la más importante, y que este año cerrará con resultado negativo: perderá 17,4 millones. En cambio, la planta de alúmina, situada al lado de la anterior, registrará unas ganancias récord de 174 millones, según estimaciones del comité de empresa, calificadas como exageradas por la empresa, que no quiso concretar la cifra.

160 millones de beneficios

El caso es que el grupo sigue ganando dinero, y mucho. A nivel internacional, se embolsó 160 millones de euros durante los nueve primeros meses del año. Fueron, eso sí, un 55 % inferiores a los anotados durante el mismo período del 2017. Tras la presentación de resultados correspondientes al último trimestre (perdió durante el mismo 36 millones de euros), sus directivos defendieron ante los analistas en Wall Street el cierre de las dos plantas españolas. Según publica Cinco Días, hablaron de «problemas estructurales inherentes». Entre ellos, una tecnología «más antigua y menos eficiente», que convierten las instalaciones en «incompetitivas globalmente». Se trata, por tanto, de un factor tecnológico y de competitividad, y no de costes, el principal argumento para el cierre, según las explicaciones dadas a los analistas de Wall Street.

Como ya habían avanzado anteayer fuentes de Alcoa en España, el coste de la energía ya no es el principal problema de las fábricas. De ahí que esta segunda amenaza de cierre en cuatro años suene algo más en serio que aquella primera de finales del 2014.

Principado

Javier Fernández: «Queremos que Alcoa reconsidere su decisión»

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, habló personalmente con el presidente de Alcoa en España para decirle: «Queremos que la empresa reconsidere su decisión». Así lo avanzó ayer, cuando Fernández se reunió con el comité de la planta de Avilés, y con los alcaldes de Avilés, Mariví Monteserín, y de Gozón, Jorge Suárez. El encuentro se celebró al término de una sesión plenaria del Parlamento asturiano que aprobó por unanimidad una declaración institucional en contra del cierre de la factoría.

gobierno

Reyes Maroto: «Exigimos a la empresa que mantenga las dos plantas»

La ministra de Industria, Reyes Maroto, exige «a la empresa su compromiso de que mantenga las dos plantas productivas». Anunció que el Gobierno se reunirá con Alcoa y con los sindicatos para conocer de primera mano las razones que alega la multinacional para cerrar las fábricas y buscar soluciones posibles. «La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», explicó la ministra, que el miércoles habló con los presidentes del Principado y de la Xunta.

xunta

Feijoo: «Estoy muy preocupado, pero si el Gobierno no sabía nada, el doble»

El presidente de la Xunta admitió estar «muy preocupado» por el anuncio de cierre, pero añadió que su inquietud es «el doble» si, como ha trascendido, el Gobierno central no tenía ninguna información. «Esto debería hacernos reflexionar», dijo Feijoo, quien se remitió a otras crisis con Alcoa en las que sí hubo una comunicación fluida y un margen de negociación que ahora no percibe. El líder gallego estará hoy con el comité de empresa y con el presidente asturiano, y anunció su apoyo a las propuestas que hagan los ministerios.

Tranquilidad en la siderúrgica naronesa de Megasa

El presidente del comité de Megasa, Carlos Bascoy, aseguró ayer que comparten los mismos problemas que Alcoa: la tarifa energética y el coste de las materias primas. Sin embargo, descartó estar preocupado, ya que la planta de Narón afrontó una reconversión que dejó la producción reducida a la mitad que hace diez años.

Mientras, la patronal de las grandes empresas de distribución (como Ikea y El Corte Inglés) avisa de que el alza de la factura eléctrica impactará de forma negativa en los resultados del sector.

---

---

---