Un informe revela que en Galicia más de la mitad de las horas extras no se pagan
18 abr 2019 . Actualizado a las 11:35 h.El Ejecutivo ultima la reforma de la legislación laboral que obligará a las empresas a controlar las horas de trabajo de su personal, para que no se produzcan abusos. Es decir, que si sale adelante esta medida, cuyo borrador ha remitido ya el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales, los empleados volverán a fichar cada día al entrar y al salir de la oficina. De no implementar dicha medida, el cambio legal previsto entenderá que «el empresario incurre en una infracción por cada trabajador afectado», es decir, se enfrenta a sanciones.
El registro horario -una medida extendida entre las grandes empresas, pero no entre las más pequeñas, que forman el grueso del tejido productivo del país- está incluido en el Plan Director por un Trabajo Digno, que arrancó en verano con el envío de 83.000 cartas a compañías con altas tasas de rotación de empleados y que se tradujo en la conversión de contratos temporales fraudulentos en fijos. Los sindicatos consideran que la puesta en marcha cuanto antes de esta medida es «fundamental», ya que «gran parte del fraude que se da en España» sostienen que se debe al alargamiento de las jornadas a tiempo parcial y que, además, en un porcentaje elevadísimo no se compensa, ni con dinero ni con descanso.
Es decir, que el objetivo de Gobierno es poner coto a la práctica extendida de las horas extras no remuneradas y a los contratos a tiempo parcial fraudulentos, una realidad que cuantifica Comisiones Obreras en el informe Horas extras no pagadas y absentismo, presentado ayer.
Elaborado a partir de los datos de la EPA del segundo trimestre del año, concluye que entre abril y junio España registró la cifra más alta de horas extraordinarias por semana desde el 2009, ya que una media de 825.000 personas realizaron 6,8 millones de horas, y llama la atención sobre el hecho de que ese volumen solo fue compensado (con dinero o tiempo de descanso) en el 56 % de las horas, mientras que el 44 % restante no recibieron compensación alguna.
Equivalen a 170.000 empleos
El sindicato advierte de que la eliminación de todas esas horas extra permitiría la creación de 170.000 empleos a jornada completa. En el caso de Galicia serían cerca de 10.000 empleos, ya que el informe revela que, en el segundo trimestre, en la comunidad hicieron una media de 373.000 horas extras a la semana.
De ellas, casi 190.000 (el 51 %) no fueron pagadas, y se traducirían en la creación de 4.749 empleos a tiempo completo. El estudio sitúa a Galicia como quinta comunidad con más trabajo extraordinario no remunerado, solo por detrás de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, donde se concentran dos de cada tres horas no abonadas (el 65 % del total, de las que Madrid absorbe el 28 %).
Igual que el reparto territorial no es homogéneo, tampoco lo es la incidencia por sectores. El de servicios concentra la mayoría de las horas irregulares.
Los sindicatos piden que se aplique «en breve», y la patronal se remite al diálogo social
El borrador que el Ejecutivo ha remitido a sindicatos y patronal no parece haber suscitado el mismo entusiasmo en ambos colectivos. Así, mientras que los líderes de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, abogaban ayer por que la medida del control horario en las empresas se ponga en marcha «en breve» para atajar el foco de fraude que sostienen que propicia, desde los empresarios, el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró más cauteloso, pidió que no se trate «a la ligera» un asunto «tan importante» y se remitió a negociarlo en la mesa del diálogo social.
Los empresarios nunca se han mostrado a favor de la implantación general de este tipo de registros de horarios, pese a que en el borrador se incluyen excepciones en los casos en los que el trabajo no se desarrolla en un centro determinado, como ocurre con los comerciales o los transportistas, entre otros.
Los sindicatos, por su parte, confían en alcanzar un acuerdo con la patronal en las próximas semanas, pero, de no ser posible, piden que el Gobierno lo apruebe a través de un decreto ley.
La reforma prevista incluye, además del control de las horas de entrada y salida de los trabajadores (la empresa deberá conservar los registros cuatro años) y que los representantes sindicales tengan acceso a dichos datos de la plantilla en un informe mensual, además de las horas extras realizadas por cada trabajador, sea cual sea su compensación.