Hacienda ha descubierto más de mil por año desde que, en el 2013, arrancó un plan de inspección con el que ha destapado 7.132, la mayoría en A Coruña y Pontevedra
07 feb 2020 . Actualizado a las 20:09 h.La cultura del «ir facendo», tan arraigada en Galicia, tiene un reflejo inequívoco en los balances sobre inspecciones que maneja el Catastro. Hacienda inició el plan de regularización para aflorar bienes ocultos hace ahora seis años y, desde entonces, peinando la geografía de la comunidad, ha descubierto 7.132 piscinas que eran inexistentes a ojos del fisco, es decir, cuyos propietarios eludían el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI). De ellas, 3.055 en la provincia de A Coruña; 414 en la de Lugo; 1.283 en la de Ourense y 2.380 en la Pontevedra. A falta de conocer los datos de la segunda mitad del 2018, el balance muestra que, en Galicia, Hacienda ha ido destapando una media de más de mil piscinas ocultas por año; es decir, más de tres por día.
La comunidad es un territorio fértil para descubrir inmuebles irregulares por la fragmentación de la propiedad y la dispersión poblacional. Tanto es así, que estaba previsto que el plan de regularización concluyese el 1 de julio y, finalmente, se decidió prorrogarlo seis meses más, hasta el pasado 31 de diciembre, por la minuciosidad y la complejidad de los trabajos. El volumen de irregularidades fue muy superior al estimado inicialmente, por lo que los tiempos se ampliaron para peinar bien 79 concellos más.
La tecnología
Para este trabajo, el Catastro se sirvió de las inspecciones que hacen los propios técnicos sobre el terreno, pero también ha utilizado el uso de drones, imágenes por satélite y la herramienta Google Maps, lo que ha permitido ver construcciones que, hace unos pocos años, no existían. «Un ciudadano disconforme puede presentar una alegación a la propuesta de regularización que se le notifica, en el plazo de 15 días. Y hacer un recurso, una vez la propuesta es firme, antes de un mes. En todo momento, sin sujeción a plazo, si está disconforme con la descripción catastral de su inmueble y no tiene nada pendiente de declarar, puede instar una subsanación de discrepancias para que esta se corresponda con la realidad», explican desde el Catastro.
En el caso de las piscinas, puede haber errores. Principalmente, porque la imagen aérea de la que se sirvió Hacienda no se corresponda con la realidad. Esto puede ocurrir con las piscinas de goma que se instalan en verano, pero son una minoría de casos. En otros muchos, el vecino no es realmente consciente de estar cometiendo una infracción: pidió permiso al ayuntamiento para la obra y dan por hecho que existe un canal de información entre el municipio y Hacienda. Pero son realidades diferentes.
Una cosa es la legalidad urbanística, y otra la actualización del inmueble a efectos tributarios. Cuando Hacienda destapa un bien que no está registrado, la agencia regional del Catastro envía una notificación al contribuyente. A partir de aquí empieza a contar el plazo de 15 días en el que el afectado puede redactar sus alegaciones y documentarlas con imágenes actualizadas. El contribuyente sí tiene que pagar una tasa de 60 euros, que fija la ley del catastro inmobiliario. Y se enfrenta a los cargos que vengan del ayuntamiento, que puede exigirles los recibos no prescritos de los últimos cuatro años, además de los intereses de demora.
Avalancha de reclamaciones al Catastro por las discrepancias del contribuyente
De entre la bolsa de irregularidades detectadas en Galicia desde que arrancó el plan en el 2013, las piscinas ocultas, pese a superar las siete mil, ocupan el último puesto del ránking. Este lo encabezan las ampliaciones no declaradas de casas ya existentes (148.000), las nuevas construcciones (144.000) y las reformas y los cambios de uso (56.000). Aunque no todos los contribuyentes han aceptado sin rechistar las revisiones del Catastro: en seis años, casi 40.000 gallegos han presentado reclamaciones. Como consecuencia de la regularización iniciada en el 2013, lo que pagan los gallegos en concepto de IBI ha subido entre el 4 y el 8 %, con un incremento de 173 millones en la cuota íntegra del impuesto.
El plan de regularización es una herramienta de la Administración tributaria para combatir la economía sumergida y luchar contra el fraude, aunque en la calle suele confundirse con la revisión de valores catastrales. Se trata de cosas diferentes. La actualización de estos últimos también corresponde al Catastro, a petición de los ayuntamientos. En los años de crisis, ante la caída de ingresos, hubo concellos que revisaron los coeficientes, pero lo más relevante es el valor catastral, que es lo que sirve de referencia para la base imponible del IBI, el impuesto estrella de los ayuntamientos. Con él se calculan todos los tributos que van ligados a los inmuebles. Entre los criterios técnicos que utiliza el Catastro para determinar el valor de una propiedad están la antigüedad de la construcción, el emplazamiento (hay zonas más caras) o el estado de conservación. Cualquier ampliación o reforma de un inmueble incide en el valor, y de ahí la importancia de que conste a ojos de Hacienda.
