Empresas, pymes y autónomos manifiestan su «desconcierto» ante la norma que entra en vigor el domingo porque «carece de seguridad jurídica»
11 may 2019 . Actualizado a las 19:57 h.El plazo de dos meses que el Gobierno ofreció como margen para poner en marcha el nuevo registro de la jornada no ha sido suficiente para aclarar las múltiples dudas que están surgiendo. El desconcierto sigue reinando en gran parte de las empresas, sobre todo entre las más pequeñas, que son la inmensa mayoría en el país. Cepyme, la patronal de las pymes, alerta de las «dificultades» que se encuentran para cumplir esta ley y se queja de que la norma entraña «nuevas cargas y costes económicos», a la vez que despierta numerosas «incertidumbres».
Otro colectivo que muestra su «tremendo cabreo» contra esta nueva obligación son los autónomos, que están esperando que sus asesores les digan cómo lo tienen que hacer. «Hay un desconcierto total porque carece de seguridad jurídica», asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, al tiempo que pide que no se aplique hasta que no se hayan desarrollado las normas reglamentarias que reconozcan todas las necesidades y modelos laborales diferentes. Y es que desde ATA denuncian la imposibilidad de implantarlo en esas casi 600.000 actividades que no tienen un centro de trabajo establecido, sobre todo del sector del transporte, de servicios, de la construcción, de la agricultura, etcétera. Así le sucede por ejemplo a un camionero, o a un comercial o viajante. También merecen revisión los casos de los obreros, cuando cambian de una obra a otra; o de los fontaneros, que van de casa en casa; o al trabajador del campo...
¿Y si el trabajador no ficha?
«¿Tiene el camionero que instalarse otro aparato además del tacógrafo que pulse cada vez que pare a echar gasolina, comer y descansar?», se lamenta el presidente de ATA, que también se pregunta quién tiene la responsabilidad en el caso de que el trabajador que no fiche, puesto que el texto publicado en el BOE no especifica nada y deja el desarrollo de la norma en manos de la negociación colectiva.
«Esto nos devuelve a la época de las cavernas, no reconoce el trabajo del siglo XXI, no reconoce el teletrabajo, la conciliación ... y además hay una presunción de culpabilidad de todas las empresas», se queja Amor, que dice que si realmente el objetivo del Gobierno es penalizar a las compañías que no cotizan por todas las horas que hacen sus trabajadores-, lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es mandar a los inspectores a los paseos marítimos de las ciudades».
