El FMI alerta de que la guerra comercial costará 640.000 millones a la economía mundial
El frenazo del crecimiento en España duplica la media europea
La fractura económica que ha generado la guerra comercial en la que están inmersas EE.UU. y China es clara. Hace solo dos años, la economía mundial se encontraba en un período de «auge sincronizado», o lo que es lo mismo, casi el 75 % del mundo estaba en fase de aceleración. Las cosas han cambiado. Actualmente, la economía del 90 % de los países está frenando. En su primer discurso como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva advirtió de que esta ralentización generalizada significa que «el crecimiento este año caerá a su tasa más baja desde principios de la década». La semana que viene el organismo publicará su informe actualizado sobre las perspectivas de la economía mundial, en el que ya anuncian que habrá «revisiones a la baja» para el 2019 y el 2020.
Y Georgieva tiene claro dónde está el origen de toda esta ralentización: «En las contiendas comerciales». En su opinión, aunque el organismo había ido advirtiendo de los peligros de esta fractura, ha llegado el momento de plasmar en números los efectos para la economía de ese pulso arancelario. «El crecimiento del comercio mundial prácticamente se ha paralizado», afirmó, al tiempo que advirtió del «grave riesgo» de que ese frenazo en el comercio internacional se contagie al sector de los servicios y afecte pronto al consumo.
Según sus cálculos, el efecto de los conflictos comerciales podría suponer un recorte de cerca de 700.000 millones de dólares (640.000 millones de euros) para la economía mundial en el 2020, lo que significa alrededor del 0,8 % del PIB global. Y para hacerse una idea de la magnitud del problema, la directora gerente puso un ejemplo algo más gráfico: «Esto es el tamaño de toda la economía de Suiza. Los resultados son claros, en una guerra comercial todos pierden», aseguró.
España se resiente el doble
La economía española no es ajena a esa tendencia general y ya empieza a acusar el golpe. El ritmo de crecimiento del país se está debilitando, según advierte la OCDE en el índice compuesto de indicadores líderes (CLI), en línea con las perspectivas de desaceleración para EE. UU. y la eurozona. La última lectura de agosto se situó en 98,58 puntos, frente a los 98,8 de julio, lo que representa el vigésimo descenso consecutivo y el peor resultado desde junio del 2013. La caída mensual de 0,22 puntos duplicó el deterioro de 0,10 puntos en la eurozona, que bajó a 98,96.
200 millones al año
Los indicadores económicos hablan por sí solos. Y los aranceles que EE. UU. impuso la semana pasada a la UE solo han conseguido echar más sal en la herida. El Gobierno español ya ha sacado la calculadora. Y las cifras invitan a reflexionar. El Ejecutivo de Pedro Sánchez estima que el sector agroalimentario tendrá que desembolsar cerca de 200 millones al año adicionales en aranceles si finalmente entran en vigor la subida de tasas anunciada por la Administración Trump y se mantiene el ritmo de los intercambios comerciales con Estados Unidos.
Esa es la cantidad que precisó ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, tras reunirse con el sector de la producción y la industria alimentaria. Asegura Planas que los 200 millones corresponden al 25 % de los 765 millones de euros de negocio que cada año generan las ventas de los productos alimentarios españoles afectados.
Con esos números viajará hoy el ministro en funciones hasta Bruselas. Planas -que se reunirá con los comisarios europeos de Comercio, Cecilia Malmström, y de Agricultura, Phil Hogan- pedirá a la Comisión Europea que defienda sus intereses «firmemente» ante Trump si finalmente se aplican los aranceles. Tanto Planas como los representantes del sector agroalimentario concluyeron su reunión con un mensaje «unánime» al calificar las medidas anunciadas por EE. UU. como «inaceptables». Y fueron un paso más allá al asegurar que «no se justifican de modo alguno, ni en el fondo ni en la forma».
Según especificó el ministro en funciones, el objetivo es conseguir aplazar la entrada en vigor de las tasas o, en el mejor de los escenarios, lograr una marcha atrás que evite su aplicación. Una posibilidad sobre la que se mostró optimista: «Aún existe margen para la negociación».
