Alcoa avisa de que «la producción de aluminio primario en España es inviable» y Ferroatlántica avanza que revisará sus planes para el 2020
19 dic 2019 . Actualizado a las 20:46 h.Las industrias altamente dependientes del precio de la energía -porque la electricidad forma parte de sus procesos de producción- ya se olían la catástrofe. Pero ha sido incluso peor. Durante los seis primeros seis meses del 2020 dispondrán solamente de 4,38 millones de euros, a repartir entre 118 empresas. Ni un millón al mes. Es el resultado de la reciente subasta de incentivos a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad, y el peor de todas cuantas pujas se han celebrado hasta ahora (arrancaron en el 2014). Así, según datos de la patronal AEGE, en este 2019 se distribuyeron 196 millones, o sea, 98 millones para cada mitad del año. En el 2018 fueron 316 millones, 158 por semestre. El recorte es, como se ve, monumental.
Red Eléctrica de España (REE), administrador de las subastas, cuyas condiciones aprueba el Ministerio para la Transición Ecológica, informó de que el precio medio de asignación del servicio fue de 8.764 euros el megavatio y año, cuando el de salida era de 125.000 para cada bloque de 5 megavatios.
La reacción de Alcoa, principal prestataria de la interrumpibilidad, no se ha hecho esperar. La multinacional asegura que los ingresos por la prestación de ese servicio al sistema eléctrico en la fábrica de aluminio de San Cibrao (la única que le queda en España) caerán en más del 90 % debido a la «dura competencia» en la subasta.
Ese resultado «empeora la situación de la planta, ya que tendrá un impacto inmediato en sus costes de energía a partir del 1 de enero, agudizando aún más nuestra posición no competitiva con respecto a países vecinos de la UE, donde los respectivos Gobiernos han establecido marcos energéticos estables para que esta industria tenga un coste energético predecible y competitivo», enfatizó la multinacional.
El grupo avanzó que analizará más en profundidad el impacto de la subasta en las operaciones de la fábrica, pero subrayó que con el coste actual «la producción de aluminio primario en España es inviable».
El precio eléctrico fue ya uno de los argumentos que esgrimió Alcoa hace un año para anunciar el cierre de las fábricas de A Coruña y Avilés. Finalmente las vendió al fondo suizo Parter, aunque la producción de aluminio en ambas está parada desde febrero pasado.
La crisis desatada en Galicia y en Asturias a raíz de la amenaza de cierre empujó al Gobierno a prometer un estatuto específico para la industria electrointensiva, con medidas estables para contribuir a rebajar el precio eléctrico para el sector, en aras de que pueda competir con los países del entorno. Sin embargo, nada se sabe aún de ese estatuto. De esta manera, las subastas de interrumpibilidad son casi el único mecanismo del que disponen para obtener incentivos con los que enfriar los costes energéticos. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica avisó hace unas semanas de que esta puja podría ser la última porque la Comisión Europea recela de este mecanismo por si pudiera tratarse de un sistema para repartir ayudas de Estado.
Las industrias también reciben fondos para compensar el impacto de los costes indirectos por la compra de derechos de emisión de CO2. Según el Gobierno, ha aumentado el presupuesto hasta los 200 millones de euros entre 2019 y 2018. La convocatoria del 2017, cuando aún gobernada Rajoy, fue de 6 millones de euros, destacó el ministerio.
La crisis de Alcoa de hace un año se propagó a otras industrias, ahogadas también por el descenso progresivo de los apoyos para reducir el coste eléctrico en las subastas. De hecho, Ferroatlántica pactó en febrero pasado un expediente de regulación de empleo temporal para sus fábricas de Cee, Dumbría y Sabón, que finalmente dejó en suspenso. Sin embargo, los trabajadores de la planta de Sabón, en manos aún de Ferroaltántica (las otras dos las vendió, como Alcoa, a un fondo, este estadounidense), temen que un resultado catastrófico en la subasta de incentivos lleve a la dirección de reactivar el expediente a partir de enero.
De momento, los nuevos dueños de las plantas de la Costa da Morte han enviado una carta al comité del complejo de Cee-Dumbría. En ella asegura que el resultado de la subasta les obliga a revisar el plan de producción previsto para el 2020. Porque, añaden, el coste energético será un 25 % más elevado «y esta circunstancia nos resta competitividad en el mercado global, siendo difícil alcanzar los niveles de producción inicialmente previstos para el 2020». La compañía destaca también que «pese a la gravedad de la situación, ahora se abre un período de reflexión para evaluar la situación y para preparar las acciones más adecuadas».
La patronal siderúrgica, a la que pertenece la gallega Megasa, valora el resultado de la subasta como una tragedia para el sector. Tanto, que avisa que supone una condena para las inversiones y el empleo.
Feijoo teme que el resultado sea la puntilla para la aluminera
J. Capeáns
El presidente de la Xunta calificó de «ineficaz e insuficiente» la subasta de interrumpibilidad, y teme que sea la puntilla para Alcoa, afirmó refiriéndose a sus últimas conversaciones con el comité de empresa. Feijoo, que no tiene noticias de la gestión personal que se comprometió a hacer Pedro Sánchez ante la dirección en Estados Unidos, confirmó que Pablo Casado ha recibido en el Congreso a los trabajadores, con los que se comprometió a apoyar cualquier solución política que se plantee para abaratar el coste de la energía hasta situarlo entre los 35 y los 40 euros. «Calquera proposta para un prezo estable vai ter o respaldo do primeiro partido da oposición».