La aprobación del estatuto para la industria electrointensiva todavía no tiene fecha
ECONOMÍA
El Gobierno tiene que analizar cientos de alegaciones y llevar el texto final al Consejo de Ministros y al Congreso
04 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El jueves 20 de febrero acabó el plazo de presentación de alegaciones al proyecto de real decreto del estatuto del consumidor electrointensivo. El Ministerio de Industria recibió sugerencias por tierra, mar y aire, pues el texto no contentó a casi nadie. Enviaron propuestas de mejora al documento la Xunta de Galicia -pactadas con los Gobiernos autónomos de Asturias y Cantabria-, sindicatos, empresas y patronal del sector, entre otros. Pero, de momento, no hay resolución. El texto definitivo de real decreto irá primero a Consejo de Ministros, y se barajaba la posibilidad de que se incluyese en el orden del día de la primera reunión de marzo, o sea, la de ayer, pero finalmente no fue así. Y tampoco parece que se debata en la de la próxima semana, avanzaron fuentes del Ejecutivo central.
Una vez supervisado por el Consejo de Ministros, el estatuto llegará al Congreso de los Diputados, donde tendrá que ser aprobado, y el Gobierno de coalición precisará de los grupos de la oposición para superar ese trámite final.
El real decreto en cuestión es el segundo que elaboran los ministerios de Industria y de Transición Ecológica en un año. El anterior quedó descartado tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el que advertía de que algunas de las medidas de apoyo a la industria con un elevado consumo de energía podrían ser consideradas como ayudas de Estado por Bruselas.
Una versión más comedida
Esta segunda versión es más comedida en propuestas que la anterior. El Gobierno plantea respaldar la competitividad de las empresas electrointensivas con tres medidas: compensar los costes indirectos por la compra de derechos de emisión de dióxido de carbono con una inyección económica anual que dependerá de la disponibilidad presupuestaria -en el 2019 se repartieron 174 millones-; una bonificación en la factura eléctrica de este tipo de consumidores en el apartado de cargos dedicado a financiar las primas a las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los sistemas eléctricos insulares (el ahorro por esta vía alcanza 0,54 euros por megavatio hora, según la patronal); y el fomento de contratos de compraventa de energía a largo plazo directamente entre la industria y el productor de energías renovables.
