Los programas de compra de deuda han suplido las carencias de una unión monetaria invertebrada
11 may 2020 . Actualizado a las 08:44 h.España todavía arrastraba los pies por el fango de la crisis el 9 de marzo del 2015. La deuda se había estancado en el 100,7 % del PIB y al desempleo le costaba bajar del 22 % (casi 4,5 millones de parados). Creer en los brotes verdes todavía era un acto de fe: la economía solo había recuperado un 1,4 puntos de PIB de los nueve destruídos desde el 2009 y, lo que era más preocupante, le costaba levantar cabeza. Hay quienes seguían aferrándose a la reforma laboral como salvavidas hacia la recuperación y quien invocaba a la Virgen del Rocío, pero la llave maestra estaba en Fráncfort.
El milagro se hizo ese 9 de marzo. El Banco Central Europeo (BCE), arrancó su programa de compra de deuda soberana (PSPP) con manguerazos de 60.000 millones de euros mensuales. Y lo hizo aferrándose a su mandato: el de mantener la estabilidad de precios en la zona euro. La inflación había entrado en terreno negativo por los efectos de las sobredosis de austeridad. Mario Draghi y una mayoría del consejo de gobierno de BCE no esperaron más tiempo. Las decisiones políticas brillaban por su ausencia, así que optaron por exprimir su caja de herramientas, acompañando el baile con una política de bajos tipos.
Impacto en el PIB
Hasta hoy, la entidad ha conseguido un impacto acumulado en el PIB de la eurozona del 1,9 %, según los cálculos de sus expertos, manteniendo la inflación entre el 1 y el 2 %. Todo a pesar de las presiones llegadas del norte del Rin, donde se finge preocupación por los riesgos de inflación -inexistentes-, cuando en realidad lo que temen las autoridades es la caída de la rentabilidad para sus ahorradores y para la banca.
¿Fue eficaz el programa? Los datos indican que sí, independientemente de que se hubiera podido mejorar su alcance e intensidad. La realidad es que «la disminución de las tasas de préstamos bancarios y la expansión del crédito ayudaron a aliviar las condiciones de financiación, a respaldar la recuperación económica y a contrarrestar las fuerzas deflacionarias», concluyen en uno de los informes de seguimiento. También cabría recordar que Alemania y los Países Bajos son los países que más se beneficiaron de las compras en relación a la clave de participación en la entidad (a fecha del 2018).
Hay otra cuestión clara: su rodaje se ajustó a derecho. Así lo estimó el Tribunal de Justicia de la UE en diciembre del 2018. Por eso no se entienden ni el órdago ni las dudas expresadas esta semana por el Tribunal Constitucional alemán. Primero, por razones jurídicas (no tienen competencia para fallar sobre la validez de las compras ni tienen autiridad para exigir explicaciones), y, en segundo lugar, porque cuestionar la «proporcionalidad» del programa, argumentando que no se valoraron sus perjuicios es, además de absurdo, mentira: «El efecto en la reducción de beneficios para los bancos ha sido probablemente más que compensada por el alivio de capital. En la sección de riesgos, nuestros resultados sugieren que un programa de compra de activos pudo reguir siendo beneficioso para la economía en su conjunto, incluso si redujo los márgenes de tipos de interés y ralentizó el desapalancamiento», señala el BCE en su balance de marzo del 2019.
Palos en las ruedas
No hay que olvidar la prueba de más peso en la balanza: el euro sigue vivo después de dos crisis. Podría no haberlo contado. En buena medida, por los palos en las ruedas que puso Alemania a la recuperación. Los programas de compra de deuda han suplido las carencias de una unión monetaria invertebrada con 19 regímenes fiscales diferentes. Se opusieron a las compras del BCE, a las reestructuraciones de deuda, a la emisión de eurobonos, al diseño de un seguro de desempleo europeo y a un fondo de garantías común. Y sus jueces aún hablan de excesos.
La última palabra se pronuncia en Luxemburgo, «en ningún otro sitio»
La soberbia maniobra de los jueces alemanes ha sobrepasado todas las líneas tolerables para las instituciones europeas. El BCE salió al paso «sin inmutarse». En un mensaje tan parco como acertado, dejó claro que solo rinde cuentas ante la Eurocámara, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el de Cuentas. El TJUE le siguió en la cordada: los magistrados alemanes deben acatar la sentencia europea que validó el programa en el 2018. Nadie está por encima se su autoridad. La última en reaccionar fue la Comisión Europea. Su presidenta, Von der Leyen, no pasó por alto el doble cuestionamiento al sistema del euro y al sistema legal: «La última palabra sobre el derecho de la UE siempre se pronuncia en Luxemburgo. En ningún otro sitio», zanjó, antes de abrir la puerta a un expediente.
Indisciplina
Alemania ha puesto en entredicho la autoridad de las instituciones europeas. ¿Dónde ha quedado la siempre manoseadas disciplina germana? ¿En qué se escudan para otorgar más legitimidad a sus exigencias que al ordenamiento jurídico común? «El Bundesbank tiene una cuota del 26 %, es el mayor contribuyente», resumía esta semana el eurodiputado de la CDU, Stefen Berger, reduciendo la gobernanza de la zona euro al principio de «quien paga, manda», una visión muy pobre del Estado de derecho.